Varias personas que cumplieron o cumplen condena por su pertenencia a ETA destacaron ayer durante sus declaraciones como testigos en el juicio por el sumario 13/13 que su relación con Arantza Zulueta y Jon Enparantza fue siempre exclusivamente relacionada con su labor como abogados y negaron categóricamente que les hubieran suministrado directrices u órdenes de ETA.

Ana Belén Egues (mediante videoconferencia desde prisión) y Juan Lorenzo Lasa relataron su labor como interlocutores de EPPK y destacaron que los contactos que han mantenido con Zulueta han sido por su condición de abogada y relación a su situación en prisión. En cualquier caso, Lasa subrayó que al tratarse de presos políticos «la situación jurídica y la política son inseparables».

Ambos explicaron que tras ser detenidos e ingresar en prisión cesaron en su militancia en ETA y que pasaron a integrar el Colectivo de Presos Políticos. Lasa, encarcelado desde 1985 y extraditado al Estado español en 1992, señaló que en 1993 empezó un debate en las cárceles, «que se llenaron de represaliados políticos», ante el hecho de que «todos los gobiernos y partidos hablaban en nombre de los presos e intentaban manipularlos».

«Una vez que soy presa, ya no estoy vinculada a ETA. No tengo ningún contacto con ETA. Soy militante del sitio en el que me encuentro, la cárcel», explicó Egues, que relató además que coincidió en el patio de Soto del Real con Zulueta después de que esta fuera detenida y encarcelada. En estos encuentros continuaron las conversaciones sobre la situación política de Euskal Herria.

Egues explicó al fiscal José Perals que Zulueta tenía un conocimiento más directo de la situación política de Euskal Herria porque acababa de ser encarcelada, mientras que ella llevaba ya en torno a una década en prisión.

En este contexto, se creó EPPK, que, según destacaron, es un colectivo autónomo, sin dependencia de ETA y en el que se integraban personas que no tenían relación con la organización armada. Lasa señaló que también había integrantes críticos con la postura de ETA.

En este marco, subrayaron que la labor de Koordinazio Taldea (KT) no era dar instrucciones en nombre de ETA. «Éramos los presos los que proponíamos debates desde la cárcel», destacó Egues. «Los abogados no actuaban en nombre de ETA. Hacían lo que nosotros les pedíamos. La interlocución y la dinámica la decidíamos exclusivamente los presos», añadió Lasa.

«Zulueta no me ha transmitido nunca una directriz de ETA. He sido miembro cualificado de ETA y teníamos exquisito cuidado en no interferir en la situación que tenían los presos», destacó Lasa.

Egues explicó, por su parte, que el «asesoramiento político» que le aportaba Arantza Zulueta era para conocer la situación política que se vivía en Euskal Herria. «Nos describía en que situación estaban la izquierda abertzale, el PNV o EA. Nos informaba de cuáles eran los temas que se debatían en torno a los presos y otras cuestiones», señaló.

De este modo, Egues y Lasa mantuvieron contactos con representantes de Instituciones Penitenciarias en la cárcel de Granada. Asimismo, la interlocución se reunió con integrantes del Grupo de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz en la cárcel de Alcalá en 1996. Lasa explicó que Zulueta le entregó documentación para preparar este encuentro referida al número de presos, situación de cada uno o las palizas que se habían registrado en las cárceles. Destacó que esta documentación se entregó a través del conducto oficial establecido en la cárcel, tras pasar por los filtros de seguridad y recibir el visto bueno de la dirección de la prisión.

Lasa subrayó que los planteamientos que realizaron a Instituciones Penitenciarias eran los que habían decidido internamente los integrantes de EPPK, que tenían unas reivindicaciones mínimas que se plasmaban en el reconocimiento del carácter político de los presos, la reunificación en cárceles de Euskal Herria, la libertad de los presos enfermos y de quienes habían cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta, así como el cese de las palizas y agresiones que se sufrían. «Para dar salida a esas reivindicaciones, se decidió crear un equipo de portavocía, del que yo era miembro», explicó.

«Inverosímil»

En una línea similar, David Pla y Jon Salaberria destacaron que su relación con Zulueta y Enparantza era la que corresponde a un abogado. Salaberria negó que hubiera recibido instrucciones de ETA a través de Zulueta y llegó a calificar de «inverosímil» que la organización armada hubiera podido actuar de ese modo. «Son abogados que realizan la actividad de abogados. Lo otro es labor de los militantes de ETA», señaló.

«Los abogados no daban directrices de ETA. No me consta que fueran militantes de ETA», insistió Salaberria.

Ambos destacaron que no les constaba que ni Zulueta ni Enparantza hubieran participado en el cobro del llamado «impuesto revolucionario», ni en la captación de nuevos militantes de ETA ni «en la fijación de objetivos». Los dos negaron categóricamente haber mantenido un encuentro en la localidad landesa de Mimizan en 2008, tal y como consta en el sumario, mientras que Pla reiteró que no se reunió al día siguiente en la catedral del Buen Pastor de Donostia como sostiene la acusación. Recordó, al respecto, que la Policía francesa ha acreditado que en esas fechas estaba en una visita en una cárcel de París. Fue categórico al señalar que nunca se había reunido con Enparantza en el Buen Pastor, ni en esa fecha ni en otra.

Pla añadió que sabe qué es Halboka porque «me acusaron de formar parte de ello», pero negó que tuviera conocimiento de esta estructura.

En su declaración, Salaberria incidió en que EPPK era un colectivo plural, que no acogía únicamente a presos vinculados a ETA, especialmente desde que se produjeron los procesos de ilegalizaciones de colectivos independentistas. Negó que KT fuera una estructura que tuviera una vinculación o dependencia con ETA.

«ETA no funcionaba así»

«ETA no funcionaba así», respondió, por su parte, Aitor Elizaran cuando le preguntaron si Enparantza o Zulueta le transmitieron órdenes de la organización armada cuando estaba en prisión. «La relación con los abogados era de asesoramiento jurídico. Alguna vez habré hablado de política con ellos, igual que con mi madre en las visitas», añadió.

Elizaran declaró que no conocía a Pla y reveló que le había visto por primera vez en el exterior de las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares donde ambos estaban citados para declarar ayer y destacó que durante su militancia en ETA no tuvo relación con él ni había mantenido reunión alguna.

Andrés Irakulis, que en 2011 declaró ante el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska (hoy ministro del Interior) como imputado por una acusación de haber pagado el «impuesto revolucionario», negó que Zulueta mediara en ello. «Estuve con Marlaska. Me preguntaron sobre si sabía algo y no sabía nada», señaló Irakulis, que en esa comparecencia estuvo asistido por el letrado Ángel Ruiz de Erenchun.

La defensa de Zulueta y Enparantza renunció ayer a varios testimonios que estaban inicialmente previstos como Marisol Iparragirre, Maider Alustiza, Igor Suberbiola, Iñaki Reta, Garikoitz Azpiazu, Iratxe Sorzabal o Mikel Albisu.

En la jornada de hoy, declararán los testigos propuestos por las defensas de Iker Sarriegi y Saioa Agirre. En principio, también comparecerán hoy los testigos de la defensa de Nerea Redondo que inicialmente estaban previstos para mañana.

Si no hay ninguna sorpresa, mañana concluirán las sesiones previstas para esta semana. Tras ello, habrá otra suspensión de la vista, que se reanudará el 21 de setiembre con las pruebas periciales a las que está previsto dedicar cuatro sesiones, tras lo que se harán públicas las conclusiones e informes el día 28.

Recuerdo a Juan Mari Jauregi y manifestación en Donostia

Antes de comenzar la vista de ayer, los procesados en el sumario 13/13 realizaron declaraciones en el exterior de las dependencias de la Audiencia Nacional española en San Fernando de Henares para recordar a su compañero Juan Mari Jauregi, quien falleció el viernes.

«El día en el que se retoma el juicio del sumario 13/13 en Madrid, denunciamos la muerte de nuestro compañero Juan Mari. Sabemos que su detención y las torturas que padeció en 2010 le afectaron de una manera directa», manifestó Nerea Redondo en nombre de los procesados ante la Audiencia Nacional.

«Desde aquí hacemos un llamamiento porque es el momento de seguir dando pasos en el reconocimiento de nuestro pueblo. Es el momento de seguir remando todos juntos. Por ello, llamamos a participar en la manifestación que saldrá el próximo domingo, 12 de setiembre, a las 13.30 del Boulevard donostiarra», añadió Redondo, vecina del barrio de Egia, al igual que Jauregi.

Jauregi fue detenido por la Guardia Civil y procesado en el marco del sumario 13/13 que actualmente se está juzgado en la Audiencia Nacional. Denunció haber sido torturado por el instituto armado. Sortu destacó que este hecho minó considerablemente su salud. De hecho, fue apartado del procedimiento por esta circunstancia y no tuvo que acudir a las sesiones que se celebraron en julio.

Las denuncias de tortura están marcando este juicio, como quedó en evidencia, entre otras, con las declaraciones de Naia Zuriarrain y Saioa Agirre en julio. Los testimonios obtenidos bajo tortura son una de las pocas «pruebas» sobre las que se sostiene la acusación.GARA