La reforma que abandera la ministra francesa de Trabajo, Elisabeth Borne, entró parcialmente en vigor el pasado 1 de julio.

Desde entonces se aplican, entre otras medidas, el descenso progresivo de la percepción a partir del noveno mes de prestación para los salarios brutos de 4.500 euros (cuadros o profesionales de alta cualificación de menos de 57 años de edad) o el sistema bonus-malus que pretende limitar el uso abusivo de los contratos de corta duración.

La situación de la pandemia, el malestar de los sindicatos, la acogida poco entusiasta de la patronal y las correcciones propuestas por el Consejo de Estado preceden a la publicación, el jueves, en el Boletín Oficial, de la reforma completa, una iniciativa que, bajo el propósito de «dinamizar» la búsqueda del empleo, esconde una bajada en las prestaciones estimada en el 17% para personas que encadenan periodos sin ocupación.

Para las trabajadoras y los trabajadores de Ipar Euskal Herria se endurecen así las condiciones para acceder a la prestación, debiendo haber trabajado al menos seis meses antes y no solo cuatro como hasta ahora. Será la nueva referencia en el cálculo de la prestación la que, unida al factor de temporalidad –trabajadores que intercalan periodos de trabajo y de desempleo– la que perjudique más a los trabajadores de los tres territorios en los que el salario medio estimado en 2020 era de 2.239 euros/brutos mensuales.

Se expresan los afectados

Los agentes sociales hacen hincapié, de partida, en la falta de medidas de apoyo y formación para desempleados. Pero, ¿cómo perciben las personas que tratan de acceder o de retornar a la actividad laboral remunerada esta nueva reforma?

La asociación Solidarités Nouvelles face au Chômage hizo público un estudio antes de que el Gobierno optara por retrasar y seccionar la reforma, para tratar de evitar quizás que prendiera una protesta social en la antesala de la elección presidencial prevista para abril de 2022.

La asociación dejaba en evidencia que no se trata de una cuestión que afecte a las personas con las que se experimentará la nueva fórmula sino de todos los trabajadores, ya que «un 62% de las personas que viven de su trabajo pasarán en un momento u otro de su vida laboral por un periodo de desempleo».

Según el estudio, un 67% de los demandantes valoran positivamente que se instaure un sistema de bonus-malus que abra la puerta a penalizar a los empresarios que abusen de los contratos de corta duración.

En lo que concierne al nuevo sistema de cálculo, un 45% de las personas a la búsqueda de empleo se muestra en desacuerdo con una medida que ha debido de matizar sobre la marcha la ministra de Trabajo ante las críticas recibidas. Sobre el factor de afiliación, el más penalizante, un 63% de las personas que buscan un empleo rechazan esa modificación, sobre cuyo impacto ya advirtió Unedic .

La entidad social estimaba en marzo de 2021 que 1,15 millones de demandantes de empleo se verán afectados por la bajada de la percepción solo en los 12 primeros meses desde la entrada en vigor de esa reforma que es realidad desde ayer.