El Centro Nacional de Inteligencia dispone del sistema Pegasus con el que se sabe que se ha espiado a decenas de independentistas catalanes y vascos, entre ellos los cuatro últimos presidentes de la Generalitat y los dirigentes de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. Quien fue director del espionaje español en esos años, el general Félix Sanz Roldán, y la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, se niegan a hablar en público del tema, aduciendo que deben respetar la Ley de Secretos Oficiales.

Los partidos con miembros espiados EH Bildu, ERC, Junts, PDeCat y CUP, además de Unidas Podemos, PNV, BNG, Más País y Compromís, han suscrito una petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre este escándalo político.

Legalizar «marrones»

El propio general Félix Sanz Roldán fue quien en 2015, siendo director del CNI, y con la autorización política de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo una reforma de calado en la estructura del espionaje español para crear la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Fue a través de una denominada «orden comunicada», que suelen tener rango de «reservada» y cuyo contenido es mantenido en «secreto».

Pese a la rimbombante denominación, los periodistas Fernando y Miguel González, especializados en la materia, reconocen que lo que Sanz Roldán pretendía con ello era «organizar y agrupar algunas de las actuaciones más conflictivas que llevaban ejecutando sus agentes desde la creación del servicio en 1977»; o si se prefiere, crear un «cajón de sastre» en el que «recalaron operaciones que, con dudosa cobertura, llevaba años asumiendo el centro, como la protección de la Monarquía frente a las amistades peligrosas del rey Juan Carlos, caldo de cultivo para chantajes y escándalos». Lo que en términos coloquiales se puede interpretar como legalizar «marrones» o adecentar temas turbios.

Y entre sus funciones se fijó también «la responsabilidad de vigilar al entorno de ETA», así como al «separatismo catalán y otras manifestaciones similares contra la Constitución».

Miguel González escribió en 2018 en “El País” que a partir de la creación de esa unidad, «el CNI reforzó su presencia en Cataluña (actualmente tiene unos 160 agentes, a las órdenes de un coronel) y dio prioridad a la búsqueda de ‘información estratégica’: puso en la mesa del Gobierno los sucesivos borradores de las leyes de desconexión, que diseñaban el plan de ruptura con la legalidad; o una minuciosa radiografía de los 17.000 Mossos d'Esquadra, con un pronóstico sobre su actitud ante un eventual conflicto de lealtades».

A la vista de los antecedentes, todo hace pensar que quien estaría detrás de la investigación de decenas de independentistas catalanes y vascos sería esta Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, que alguna experiencia tiene en la materia, según los expertos.

«Siempre por medios legales»

En declaraciones efectuadas ayer en el Canal 24h de TVE, recogidas por Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, evitó dar detalles sobre las actuaciones del CNI y tampoco aclaró si cuenta con el programa Pegasus –lo que se da por hecho desde mediados de la década pasada–, alegando que todo lo relacionado con el centro de Inteligencia está sujeto a secreto por ley.

Sin embargo, garantizó que tanto el Gobierno como el CNI «siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente». «Es muy fácil imputarle al CNI determinadas actuaciones porque se sabe que el CNI no se puede defender» lamentó después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y otros mucho dirigentes políticos señalaran directamente al CNI como autor del espionaje múltiple.

En cuanto a que el centro de Inteligencia actúa siempre dentro de la legalidad, hay sentencias que confirman que esto no es así, como la de las escuchas en la sede de Herri Batasuna de Gasteiz, donde quedó acreditada la ilegalidad aunque no se quisieron ver probadas algunas responsabilidades personales. En otro caso, como el del reciente sumario 13/13, el CNI se atribuyó en su momento la paternidad de la operación contra los abogados vascos, pero después la juez Ángela Murillo, en la sentencia, ha tenido que reducir su papel para encajarlo en la ley.

También es de dudosa legalidad la intervención de la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales en la detención en Alemania de Carles Puigdemont.

En cuanto al espionaje con Pegasus, debería contar con la autorización del Tribunal Supremo para ser legal y es más que cuestionable que una operación de este tipo tenga tras de sí la firma de ningún juez.

 

Otegi: «Para el Estado, todo es lícito contra la disidencia»

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, uno de los dirigentes independentistas espiado con el programa Pegasus según las informaciones de «The New Yorker», destacó que el origen del problema es que en el Estado español no hubo ruptura democrática tras el franquismo y que sectores oligárquicos «salieron de rositas y siguen funcionando».

Otegi, entrevistado ayer por Pablo Iglesias en el podcast «La Base», insistió en que lo revelado «no es ninguna sorpresa». Recordó, así, que a militantes de la izquierda abertzale les han colocado geolocalizadores, que se han instalado micrófonos en sus sedes o, directamente, se ha recurrido a la guerra sucia.

«El Estado español considera que todo es lícito para perseguir a la disidencia», concluyó Otegi.

Preguntado sobre si EH Bildu, que mantiene una relación de diálogo con el Gobierno español en el Congreso, ha recibido alguna llamada desde los ministerios del Interior o de Defensa para dar ofrecerle explicaciones sobre las acusaciones de espionaje, respondió que no, «en absoluto»

Destacó, en este sentido, que «se van a enrocar en términos que serían de risa si no fueran trágicos». Para Otegi, tampoco hay sorpresa en este ámbito. «No somos niños y ya conocemos la historia», constató.

Otegi tampoco espera que el Estado investigue sobre las denuncias formuladas. «No esperamos que existan. No se va a producir ninguna investigación en profundidad. No ha habido ningún gobierno que haya puesto en cuestión al Estado profundo, que va a seguir actuando», señaló.

Preguntado sobre si, tal y como han avanzado desde Catalunya dirigentes como el president Pere Aragonès, el escándalo del espionaje va a condicionar la estrategia de la izquierda abertzale en Madrid, Otegi incidió en la necesidad de distinguir varios planos.

«Cuando hablamos con el PSOE ya sabemos qué es y qué ha hecho», indicó para señalar que en estos momentos «aun siendo independentistas, como parte de la izquierda, no nos podemos sustraer a algo que va más allá de nuestro país, de Euskal Herria, y también del Estado español».

Comparó la situación política actual con la de la década de 1930, destacando que lo que está en juego es una confrontación entre un modelo de democracia burguesa y modelos autoritarios. En este contexto, «nos interesa sumar con todas las fuerzas progresistas porque si no, la reacción se va a instalar». Subrayó que son necesarias la asunción del derecho a decidir y una profunda democratización del Estado.

Otegi señaló que entiende la posición catalana, «porque han estado negociando mientras les estaban espiando», pero abogó por actuar en un escenario más amplio.Martxelo DÍAZ

 

«No hay que ser Sherlock Holmes para ver al CNI tras Pegasus»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sostuvo ayer que hay «evidencias claras» de que el CNI está tras el caso del espionaje a líderes independentistas catalanes y vascos a través del programa Pegasus. «No hace falta ser Sherlock Holmes para mirar al CNI», afirmó en una entrevista de «Rac1», en la que insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe dar explicaciones, investigar el caso y asumir responsabilidades.

Aragonès advirtió de que, si el Gobierno español no lo hace, «será muy difícil» que ERC continúe dando estabilidad parlamentaria al Ejecutivo español. Así, recalcó que este caso ha dejado muy bajos los niveles de confianza en el Gobierno y avisó de que la relación tanto de ERC como del Govern con el Ejecutivo de Sánchez «está extremadamente dañada».

Sobre las consecuencias políticas que puede tener esta cuestión, Aragonès subrayó que si el Gobierno español quiere tener «credibilidad» en su voluntad de diálogo y en su llamada Agenda del Reencuentro, debe tomar medidas.

Exigió una investigación interna e independiente para determinar quién ordenó el espionaje denunciado, quién lo conocía, a cuánta gente se le ha intervenido el teléfono móvil qué datos se han intervenido, y que se asuman las responsabilidades necesarias.

Oriol Junqueras también se pronunció sobre Pegasus en el programa «La Base», dirigido por Pablo Iglesias. El líder de ERC destacó que no van a regalar «la bandera del diálogo y la negociación» a quien no se la merece. «Cuando la comunidad internacional se dirige a nosotros, nos aconseja que exploremos el diálogo a fondo, pero cuando nosotros actuamos en consecuencia y la otra parte actúa no garantizando los derechos fundamentales de los negociadores, quien acumula capital político es el independentismo catalán», remarcó Junqueras.

En este sentido, señaló que, si de verdad se espió sin el consentimiento del Gobierno español, «en el fondo también se está actuando contra el Gobierno». Por tanto, quien más interés tendría que tener en eliminar «cualquier sombra de duda» debería ser, según Junqueras, el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El expresident Carles Puigdemont, por su parte, recordó en el mismo programa y ante Iglesias que «hace tiempo que estamos condicionados por la vigilancia constante», aseguró que «van a salir más cosas» e incluso avanzó que «se están descubriendo pinchazos» anteriores a la época en la que ostentó el cargo de president de la Generalitat de Catalunya.

De esta manera, Puigdemont anunció querellas tanto en el Estado español como en diferentes países europeos como Suiza o Luxemburgo, donde se acreditó la comisión del delito. «Esta vez no va haber el manto protector de la Justicia española», remarcó el expresident.Ibai AZPARREN