Carlos Lesmes, presidente del Supremo español, afirmó ayer que, si en casos como el de Pegasus, el espionaje está respaldado por el Tribunal Supremo es «perfectamente legal». Informó, además, de que «no hay nada judicializado», porque «no se ha presentado ninguna denuncia», al tiempo que admitió que lo que conoce es la noticia que ha publicado ‘‘The New Yorker’’, que «no sabemos –apuntó– si es real en su totalidad o parcialmente real».

«El sistema español prevé que cuando los sistemas de Inteligencia realizan escuchas, para que sean legales tienen que estar autorizadas por un magistrado del Tribunal Supremo, cuyas actuaciones desconozco, porque son secretas», insistió Lesmes en un acto en Zaragoza. Remarcó que «sí está previsto y designado desde hace años» y apostilló que si esas escuchas cuentan con el citado respaldo de un juez, «son perfectamente legales».

Ahora bien, ¿es así? No hay forma de saberlo por el momento. Una filtración del CNI a ‘‘El País’’ aseguró hace unos días que había aval judicial para estas escuchas, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, eludió hacer suyo ese argumento y puso en duda de que alguien del CNI haya dicho tal cosa.

No se moja

Voces jurídicas y políticas, como la del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, creen inverosímil que se hayan autorizado judicialmente escuchas hasta a 65 personas cuando debe hacerse de modo personalizado y argumentado. «No se lo cree nadie», ha llegado a decir Esteban.

Lesmes también aseguró que desconoce si la actuación del Gobierno español está justificada, porque no sabe cuál es la dimensión, pero insistió en que si son autorizadas «son legales, porque es lo que prevé el ordenamiento jurídico y no se pueden poner en duda», remarcó.

Indicó que se trata de actuaciones secretas, que «se custodian en el Tribunal Supremo» y de las que el magistrado que las lleve «no tiene ningún deber» de informarle, ni él puede solicitarle información, sentenció Lesmes.

El presidente del Supremo realizó estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras pronunciar la conferencia ‘La Administración de Justicia hacia el Servicio Público de Justicia: La Agenda 2030 y los Anteproyectos de la Ley de Eficiencia. Su incidencia en el Proceso Contencioso. Propuestas de Reforma’, en el marco de unas jornadas organizadas por el Colegio de Abogados de Zaragoza para debatir los retos actuales de los magistrados de lo Contencioso.

Comparecencia de Robles

En medio de la polémica, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá en el Congreso el miércoles, mientras se espera que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, acuda en breve a la comisión de secretos oficiales.

A la espera de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convoque la comisión de control de créditos destinados a gastos reservados, más conocida como comisión de secretos oficiales, tras ser oficialmente constituida ayer, Robles acude a la comisión de Defensa para explicar la Brújula Estratégica de la Unión Europea y sus efectos sobre la proyección de las Fuerzas Armadas en las misiones internacionales.

Su comparecencia se produce después de que el socio de Gobierno de coalición, Unidas Podemos, y los independentistas catalanes y vascos, ERC y EH Bildu, hayan exigido al Gobierno que depure responsabilidades sobre el «caso Pegasus».

La última en solicitarlo ha sido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno español, Ione Belarra, durante el Consejo Ciudadano estatal de Podemos. Afirmó que el Gobierno es el «principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado» y que, «ya es una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas».

Víctimas se querellan contra la firma israelí

Víctimas catalanas del espionaje anunciaron ayer querellas contra la empresa israelí propietaria de Pegasus. Así lo explicaron los abogados Gonzalo Boye, Benet Salellas, Andreu Van den Eynde y Antoni Abat, que llevarán las querellas de diferentes víctimas en distintos juzgados, algunas en el de Barcelona que ya investiga el espionaje al conseller Roger Torrent y al diputado de ERC Ernest Maragall.

Salellas detalló que la querella se dirige contra la empresa como persona jurídica aunque la investigación pueda encontrar personas concretas en NSO que tengan responsabilidades. Atribuyen a la empresa una presunta falta de diligencia debida en el expediente previo o falta de control en el uso que sus clientes hacían de Pegasus porque «hay licencias con que los Estados no hacían buen uso». También piden investigar qué agencias gubernamentales podrían estar implicadas, en referencia al CNI, la Policía española y la Guardia Civil.GARA