El Consejo de Gobierno aprobó ayer la Oferta Pública de Empleo de 2022 para la Administración General de la CAV y sus organismos autónomos, así como del Departamento de Educación y de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad. Además, «informó» sobre la OPE 2018-2019 de Osakidetza, que fue aprobada en diciembre pasado y cuya primera fase ya está en marcha: los exámenes para cubrir las primeras 1.610 plazas tendrán lugar en el aulario del campus de Araba de la UPV-EHU el 18 y el 19 de junio.

Las plazas ofertadas se distribuyen de esta manera: 1.686 corresponden a la Administración General, 3.040 a la Administración Educativa, 315 a la Administración de Seguridad y 3.723 a Osakidetza. En total suman 8.764 puestos que, para el Ejecutivo de Lakua, «suponen un avance muy importante en el objetivo de reducir la interinidad en el empleo público».

Una opinión que dista mucho de la que mantienen los sindicatos. Tanto que ELA subrayó que esta OPE «incumple la Ley Iceta y el mandato del Tribunal de Justicia de la UE de no superar el 8% de temporalidad en el sector público», ya que se mantendrá cerca del 40% en el ámbito de competencia de Lakua.

Más en concreto, la central abertzale indicó que, tras la OPE, los puestos «interinos/temporales» pasarán en Osakidetza de los actuales 24.648 a 20.925, quedando la tasa de temporalidad sobre el total de la plantilla en el 48%, mientras que en Educación pasarán de 15.000 a 11.960, quedando en un 40%. En la Administración General autonómica sí se rebajará la tasa notablemente, hasta el 12%, al pasar de 4.767 a 1.083 puestos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Olatz Garamendi señaló que, en lo referente a la Administración General, «tras la culminación de estos procesos, habremos superado, ampliamente, el objetivo de reducción de interinidad estructural marcado por Europa».

Además, la consejera de Gobernanza Pública afirmó que la alta interinidad es «consecuencia de la ausencia de ejecución de OPEs en los últimos años con motivo, fundamentalmente, de la imposición de las tasas de reposición por parte del Estado».

Por el contrario, ELA indicó que el Ejecutivo autonómico «apuesta por seguir siendo la mayor ETT de Euskal Herria y seguirá utilizando de manera sistemática, abusiva y fraudulenta el empleo temporal para cubrir puestos estructurales».

Por otra parte, Garamendi destacó que esta «convocatoria abierta» se ha realizado «dentro del marco legal vigente y con la máxima seguridad jurídica», y que «garantiza la igualdad, el mérito, la capacidad y la libre concurrencia, reconociendo, a la vez, la larga experiencia y antigüedad acumuladas por parte del personal interino».