A raíz de la permanencia en la prisión alavesa de Zaballa de una persona tetrapléjica asistida por sus compañeros encarcelados, que no puede salir en libertad por no hacerse ninguna institución pública cargo de ella, ha vuelto a salir a la luz el estado de abandono en el que se encuentran las personas presas, así como la falta de una política de ejecución penal respetuosa con los derechos que garantice el desarrollo de medidas imprescindibles para evitar, tanto los efectos desocializadores del encarcelamiento, como que la salida de prisión se convierta en otra condena.

Salir de prisión con graves problemas de salud física y mental, con falta de apoyo familiar y sin redes sociales de acogida, sin la formación necesaria que permita la incorporación socio-laboral, son cuestiones que abonan las condiciones para volver a prisión. O para, tras pasar por ese cementerio de personas vivas que es la cárcel, sufrir además de la exclusión, el etiquetaje que comporta haber estado en la misma. El reto con el que se encuentra quien ha cumplido su condena es luchar contra los efectos nocivos provocados por su estancia en prisión, siendo estos más intensos en función de factores tales como el tiempo de estancia, el régimen al que se haya estado sometido, la edad, su estado de salud, la existencia de apoyos personales y/o familiares fuera de la prisión, su madurez psíquica o su capacidad económica.

La atención psico-social, la recomposición de la vida personal y familiar, la incorporación laboral o la asistencia socio-sanitaria, son necesidades para las que o no existen recursos institucionales que las atiendan, o bien las prestan asociaciones. Actualmente, la gestión de las cárceles es competencia del Gobierno Vasco, quien ya no puede escaquearse más de su responsabilidad sobre las fatales consecuencias que acarrea en las personas penalizadas y su entorno familiar tanto el encarcelamiento como la salida de prisión. En relación con la asunción de dichas responsabilidades, casi todo está por hacer.