En su empecinamiento en mantener la política de dispersión y alejamiento que ha provocado la muerte de dieciséis familiares y amigos de presos vascos, la AVT apeló ayer a la ONU. Ocurrió en un congreso celebrado en Nueva York, en el que cargó contra la política del Gobierno español y entregó un informe a la representación de Naciones Unidas.

La denuncia la trasladó el consejero de la AVT, Miguel Folguera, durante uno de los paneles del primer congreso sobre víctimas del terrorismo realizado por la ONU y que fue inaugurado con la participación del ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, a quien esta asociación critica por «darle la espalda» al no incluirle en la delegación gubernamental.

«En mi país, España, las víctimas estamos viviendo una revictimización. Los principales socios del Gobierno son los herederos del brazo institucional de una organización terrorista como es ETA, que sigue sin condenar los asesinatos de nuestros seres queridos ni condenan que ningún asesinato tiene justificación», argumentó Folguera.

En tono apocalíptico, dijo que «tenemos más de 300 casos sin resolver en nuestro país y cuando son puestos en libertad es una locura: son recibidos como héroes con total impunidad, humillándonos a las víctimas del terrorismo. Pedimos a la ONU que intervengan para evitar esta revictimización».

La AVT, que sí agradeció la labor de policías y jueces, entregó al secretario general adjunto de Naciones Unidas para la Oficina de Lucha contra el Terrorismo, Vladimir Voronkov, un informe con sus argumentaciones.

Reglas Mandela

Con esta apelación, esta asociación hace la vista gorda y oídos sordos ante la evidencia de que la ONU tiene un estándar mucho más progresista y garantista que el vigente en el Estado español. Se resume en las llamadas Reglas Mandela aprobadas en 2016: se trata de 122 guías concretas para que las personas presas tengan en la cárcel un modo de vida lo más similar posible al que se desarrolla en la calle.

«El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano», decretan estas normas, una filosofía radicalmente contraria a la que subyace tras la política de dispersión. En este sentido, se aborda cómo deben ser atendidas estas personas presas tanto en lo que se refiere a su salud, higiene, alimentación, educación, progresión hacia la calle...

Sin responder directamente a las embestidas de la AVT, el ministro Fernando Grande-Marlaska defendió en la apertura del congreso el modelo del Estado español y su «pionera» atención a estas víctimas.

El Ministerio de Interior ha ofrecido además acoger el segundo congreso mundial de víctimas y ha comprometido 400.000 euros para un fondo internacional de solidaridad en un congreso en el que, en las semanas previas, desde la AVT y también Dignidad y Justicia criticaron que no se hubiera contado con ellos. Finalmente, el Ministerio les ofreció asistir subvencionando el desplazamiento a Nueva York.