La incineradora se fue cargando por «negligencia» su transformador
Un informe del fabricante del transformador de la incineradora de Zubieta señala que no se puede reparar tras su última avería. Y una sanción del Gobierno de Lakua demuestra que los titulares de la empresa se lo han ido cargando por «negligencia». Hubo mal uso, grave falta de mantenimiento, ignorancia y un puenteo que puso en riesgo a las personas e instalaciones.

La última avería del transformador ha dejado a la incineradora de Zubieta sin valorizar, según reveló ayer en Donostia GuraSOS, que subrayó que este nuevo problema en esta pieza esencial es «definitivo», ya que el fabricante de la misma, la empresa alemana ABB, reconoce en un informe que no tiene arreglo.
Esto supone, según la información ofrecida por Joseba Belaustegi, que la instalación haya pasado meses desconectada de la red o conectada con una infraestructura provisional que apenas permite a la incineradora verter a la red seis megawatios/hora, que es apenas una cuarta parte de lo que podría aportar si funcionara a pleno rendimiento.
Es decir, según GuraSOS, «ahora se está incinerando, pero no valorizando, salvo en los índices testimoniales citados. Y la incineración en sí misma está calificada en la normativa europea al mismo nivel que los vertederos. Es la fórmula ‘incineración más generación energética’ la que define una planta como de ‘valorización energética’».
El diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, aseguró en una rueda de prensa posterior que «la planta funciona con un medio auxiliar, generando energía, con total normalidad». Y explicó que «el nuevo transformador ABB alemán estará a funcionamiento a final de mes».
Antecedente de negligencia
En lo que el diputado no entró es en el coste que tendrá para las arcas públicas esta sustitución del transformador, porque más que de una avería, de lo que se debe hablar es de que el mal uso del mismo por parte de la empresa que explota Zubieta es el que le ha llevado a cargarse el transformador.
Según un informe al que ha tenido acceso este medio, la Delegación Territorial de Administración Industrial de Gipuzkoa, del Departamento de Arantxa Tapia, sancionó en abril de 2021 a los responsables de la incineradora por «negligencia» debido al mal uso y peor mantenimiento del transformador.
El documento refleja que en la avería de setiembre de 2020 «hubo falta de mantenimiento», y subraya que en el transformador «había contaminación y suciedad», «con una gran cantidad de material conductor, bloques de cemento, arandelas metálicas, remaches... sobre el transformador y su entorno. Se identificó una arandela en la parte superior de la fase V del devanado inferior, un remache metálico encima del yugo superior y más material ajeno que pudo conducir a una distancia de fuga reducida».
Añade que todo empeoró por «una mala conexión» que se había hecho en agosto de 2019 -cuando se arrancó sin los permisos necesarios-. También hay un «relé de monitoreo de temperatura mal conectado/parametrado».
Tampoco se priorizaron bien los mensajes de error ni se investigaron. Estuvo «cerca de 16 horas funcionando sin protección, lo que provocó un sobrecalentamiento».
La sanción de Lakua reprocha a los rectores de la incineradora que «se ignoraron las órdenes de disparo; hubo demasiadas re-energizaciones en un corto lapso de tiempo, y no se investigó el motivo de las mismas». Y también observa «demasiadas operaciones de conmutación en poco tiempo, según IEC 60076-11, la frecuencia de activación está limitada a 24 veces por año, lo que significa un promedio de 2 veces al mes».
Denuncia que «tras varias faltas a tierra consecutivas, se puentea la orden de disparo de la protección diferencial, lo que hace que el transformador esté trabajando con una derivación a tierra, con el consiguiente riesgo para las personas y las instalaciones».
Y como consecuencia de todo ello, Lakua determina que «la sobreintensidad circulante (más de 13,27 veces la intensidad nominal) provocó un arco eléctrico en los devanados primarios».
La sanción, pese a todo, fue de 9.000 euros, 3.000 por cada una de las 3 «infracciones graves» detectadas. Lo que es considerado un castigo muy leve por parte de GuraSOS, que ve la existencia de cierta connivencia entre el Gobierno y la empresa de la incineradora.

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