El Consejo de Ministros aprobó ayer la rebaja del 21% al 5% del IVA en la factura del gas natural para empresas y particulares hasta final de año, aunque no se descarta que la medida se prolongue en 2023 en caso de persistir la crisis.

Según explicó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la comparecencia posterior, el Ejecutivo español sacó adelante un real decreto de medidas urgentes, esta vez para el ámbito de la energía que, entre otras, incluye esa reducción del IVA, que afecta también a la compra de astillas, pellets y leña.

También se aprobó que las instalaciones de cogeneración queden cubiertas de manera temporal por el mecanismo ibérico que limita el precio del gas empleado para la generación eléctrica, tal y como venía reclamando el sector y como adelantó el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, hace dos semanas.

Esta medida afecta a unas 600 instalaciones que suman el 20% del consumo de gas en el Estado y aportan el 20% del PIB industrial y, según Ribera, permitirá que la mitad del parque que ayer detuvo su actividad por el encarecimiento de la energía retome su negocio y pueda volver a aportar electricidad al sistema.

Una tercera medida aprobada ayer es la creación del llamado «servicio de respuesta rápida de la demanda», algo parecido a lo que antes se llamaba «mecanismo de interrumpibilidad», cuya aplicación correrá a cargo de Red Eléctrica.

Este mecanismo garantiza la disponibilidad de las plantas industriales para que, con una antelación de quince minutos, paren en caso de necesidad y reduzcan así su demanda eléctrica en un plazo máximo de tres horas, a cambio de ser compensadas económicamente.

Dicho de otra forma, se podrá cortar el suministro eléctrico de una fábrica que consuma grandes cantidades de energía para que la electricidad siga fluyendo hacia los hogares.

También se habilitará la posibilidad de que pequeñas entidades, como Ayuntamientos, puedan desconectarse en momentos puntuales de la red eléctrica para así reducir el gasto. Hasta la fecha, esta opción solo existía para grandes empresas.

Según los cálculos del Ministerio, con esta reducción del IVA los consumidores se ahorrarán unos 210 millones de euros que, en contraprestación, dejarán de ser ingresados por las arcas públicas. La cifra podría ser mayor en caso de que la medida se amplíe.

Menos ingresos públicos

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, hizo referencia a la bajada del IVA sobre el gas en una rueda de prensa, en la que señaló que no se oponen, porque abaratará «en algo» la factura. No obstante, advirtió de que «las rebajas que tanto añoran las derechas suponen siempre menos ingresos para invertir en servicios públicos».

A juicio de Aizpurua se trata de una medida generalista que se aplicará por igual con independencia de la renta, por lo que la consideró un «parche» coyuntural y temporal que no solucionará el problema de fondo.

La fórmula para afrontar la escasez energética de este invierno derivada de la guerra en Ucrania no está, sin embargo, definida. PP y PSOE se han citado mañana, jueves, para ver si consiguen pactar una solución más amplia, que dé cobertura tanto al gas como a la luz. Pese a todo, no hay demasiadas esperanzas en que ese diálogo frutifique.