Por los delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública, la Fiscalía pidió penas de cárcel de entre 14 y 34 años y seis meses para seis acusados en el caso de abuso y corrupción de menores en Araba. Por su parte, la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor reclamó condenas de entre 30 años y seis meses y 47 años y tres meses de prisión.

Los otros cuatro imputados en la misma causa habían alcanzado ya un acuerdo con las acusaciones tras reconocer los hechos, por lo que serán condenados a penas de entre uno y 13 años de cárcel.

La Audiencia Provincial de Araba acogió ayer la última sesión del juicio por unos hechos registrados en 2016 y que afectaron a siete menores de edad, dos de ellos tutelados por la Diputación Foral en el centro de Sansoheta.

Las defensas volvieron a insistir en que los acusados no sabían que eran menores y que ello les exime de los delitos. Además, defendieron como atenuantes, por un lado, la reparación del daño y, por otro, la dilación indebida, porque han pasado más de cinco años desde que empezó la instrucción del caso hasta el desarrollo del juicio.

Aspecto físico de «críos»

En la presentación de las conclusiones, la fiscal afirmó que los acusados compartieron con los menores contenido sexual y encuentros sexuales a cambio de dinero, y no comprobaron que fueran mayores de edad. «Nadie tomó la más mínima precaución, y la más mínima precaución es pedir el DNI», indicó antes de apuntar que su aspecto era de unos «críos». De hecho, resaltó que es «imposible» pensar que una de las fotos hallada en teléfonos de los acusados pueda corresponder a un joven de 18 años.

Explicó que las conversaciones mantenidas por los acusados con las víctimas por teléfono y correo eran de contenido sexual, sobre prácticas sexuales y precios a pagar con «verdaderos regateos».

La acusación popular solicitó la agravante de «abuso de superioridad» para los delitos de corrupción de menores y exhibición de pornografía.

Alegaciones de la defensa

Varios de los abogados de la defensa, por su parte, argumentaron que las penas que se les piden a sus respectivos representados son «desproporcionadas». Así, reiteraron que los acusados no imaginaban que las víctimas pudieran tener menos de 18 años ya que la web por la que contactaban requería ser mayor de edad para acceder y anunciarse.

Argumentaron que en muchos casos eran las víctimas las que «se ofrecían» en los anuncios y que los menores al principio se negaban a colaborar o denunciar y no sentían que fueran víctimas de abusos: «Se les ha obligado a considerarse víctimas». Así, varios de los letrados reclamaron al tribunal una sentencia absolutoria para sus representados.