Los años de la llamada Transición siguen siendo el eje de un largo debate entre los interesados por la memoria histórica en el Estado español. Unos años que van desde la muerte del dictador (1975) hasta la llegada a Moncloa de Felipe González con su mayoría absoluta (1982). Tiempos en los que el aparato del Estado pasaba de una larga dictadura a una incipiente democracia amenazada por poderes fácticos que tuvieron décadas de impunidad.

Autor de “Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición” (2022, Ed. Prensas de la Universidad de Zaragoza), el doctor en Historia y profesor David Ballester (Barcelona, 1960) explica en entrevista con GARA el detallado listado de los muertos durante aquellos años y establece unas categorías para identificarlos. Además, denuncia la «patente de corso» que hubo para la utilización de las armas y la dificultad para depurar unas fuerzas con ADN franquista.

En su libro cifra en 134 los muertos por el Estado durante la Transición. ¿Cómo llega a ese número?

Llego a ese número después de unas 4.500 horas de trabajo a lo largo de varios años y de buscar la mayor cantidad de fuentes posible, aunque en este país el acceso a fuentes policiales y judiciales siempre es muy complicado. He tirado de hemerotecas, de contactar con familiares de víctimas, y de depurar y cotejar las listas que existían hasta el momento, poco rigurosas, sobre las víctimas de la violencia policial. Mi intención era tanto visualizar estas víctimas con sus nombres y apellidos, por eso el título del libro, como establecer una suerte de criterios que acabaran con la confusión reinante -creo yo- entre mis colegas, estableciendo unas categorías que me gustaría fueran de uso común al respecto.

La lista no la puedo dar por cerrada, solo casi cerrada. Y hoy, en estos 134 ya realizaría alguna modificación, agregando gente que provendría de casos nuevos y de aclarar los dudosos. De hecho, en un apartado del libro descargo a algunas víctimas que aparecen como muertos en la Transición, porque no responden a la tipología de exceso policial. El rigor ha sido mi obsesión al respecto, a la hora de analizar estas categorías.

¿Cuáles son?

Tres, básicamente. Primero, las víctimas de gatillo fácil, que, a su vez, tienen tres subcategorías: el civil sin connotación política y que caía bajo las balas de la Policía en un control o a manos de agentes que no estaban de servicio, y en escenario de fin de semana y bar de copas; el gatillo fácil social, la delincuencia común, ya que al no haber depuración son los mismos hombres y los mismos métodos y mataban a un delincuente, aunque no se enfrentara al policía lo mataba igual; y la subcategoría menos numerosa sería la política, por ejemplo, el chico [Javier] Verdejo, que en Almería estaba poniendo en una pared ‘pan y libertad’ y lo mataron.

Estamos hablando de siete años seguidos, 84 meses, en los cuales la Policía abatía cada 18 días y medio a un ciudadano. Esa es la punta del iceberg, porque también, claro está, hay gente que era golpeada, malos tratos en comisarías, etc.

Las otras dos categorías son los muertos en la represión de manifestaciones, he contado 38, y cinco muertos por tortura. Hay consenso historiográfico de que la Transición acaba en 1982 y empieza con la muerte del dictador. Hay una visión edulcorada de la Transición modélica, ejemplar y, por tanto, pacífica, pero ¿cómo se puede decir eso si hubo estas muertes y, además, las 498 por terrorismo, dos terceras partes de ETA pero también del Grapo y de la extrema derecha?

¿Hay muchos casos de muertes que tenga casi por probadas, a la espera de más evidencias?

Sí, hay cinco casos dudosos que seguiré investigando a ver si puedo descartarlos o incorporarlos, siempre llevado por esta voluntad de rigor. A veces hay víctimas que creen que ‘contra más, mejor’, pero yo no creo que eso tenga sentido. Leía el otro día a alguien que decía que hubo seiscientos muertos por violencia del Estado durante la Transición. Yo creo que hay que ser rigurosos, la cantidad no va a cambiar nada. Una sola muerte ya es terrible.

Antes mencionaba cinco muertes por tortura. En ese contexto casi suena a poco, ¿o no?

Hay tres casos dudosos también. Tengamos en cuenta que la Policía torturaba e incorporó esa práctica execrable a la democracia y mucho más allá, porque con la excusa de ETA esta práctica se perpetuó, aunque tenían sus métodos para no matar. Uno de ellos es [Joseba] Arregi, que muere en Madrid en 1981; tenemos a los tres chavales del «caso Almería», a los que confunden con etarras; y tenemos el caso del profesor de Matemáticas de Bilbao [Javier Núñez], que muere producto de torturas al hacerle ingerir líquidos que le destrozan el estomago. En el caso de Esteban Muruetagoiena, por ejemplo, hay forenses que están convencidos y su hija también, pero como historiador y por lo del rigor no lo puedo incorporar hasta que haya un dictamen de la comisión del Gobierno vasco, que está en espera. Entonces tendrá ese aval documental.

Su labor recogida en el libro es un buen ejemplo del déficit que hay en el Estado español en memoria histórica. ¿No cree que hace un trabajo que compete a la Administración?

En este y otros temas la sociedad civil ha tenido que trabajar por la debilidad y la ausencia del Estado en estos hechos. Cuando presenté el trabajo en Madrid, el secretario de Estado para la Memoria tomó la palabra, agradeció el trabajo y dijo que el libro se utilizaría para la memoria democrática. Si esto lo hubiera hecho de oficio una fiscalía habría estado mucho mejor, porque estamos ante unos casos de funcionarios que cometieron excesos de dimensiones execrables, y en su inmensa mayoría van acompañados de una palabra, que es impunidad.

El mismo Estado garantizó la impunidad de los agentes estando de servicio o no de servicio. Muy pocos fueron juzgados y ninguno pisó la prisión, tenían penas menores. En el caso del guardia civil Salas, que recibió la pena más alta por matar en Tudela a una manifestante [Gladys del Estal] que estaba sentada de espaldas, fue juzgado y condenado a dos años de cárcel. Y se produce un caso de extrema sordidez: ese mismo guardia civil fue condecorado al cabo de unos años en el mismo pueblo en el que mató a esta chica. España tiene 10.000 municipios y lo hacen en el mismo municipio. Muestra la falta de sensibilidad.

La mayor parte de las víctimas de su lista, 91, son «gatillo fácil». Para quien no esté familiarizado con el concepto, explíquelo por favor.

Se le llama gatillo fácil al uso y abuso de las armas de fuego por parte de agentes de servicio o fuera de servicio. Es no cumplir con las normativas emanadas de la ONU respecto a la utilización de las armas y no es solo matar. Hay ejemplos de gatillo fácil que no tuvieron resultado mortal, que solo provocaron heridos por abuso policial. Es una praxis policial heredada de la dictadura, hasta los años 80 no se implementan nuevas normativas. En la Transición hay patente de corso en el uso de armas y cuando la cosa era extremadamente grave, la excusa siempre era el amparo del terrorismo.

Es sabido que Martín Villa dijo una vez ‘los nuestros son errores, lo de ellos son crímenes’. Las fuerzas de izquierdas en sede parlamentaria hablaban de este tema para hostigar al Gobierno, especialmente el PCE, no tanto los socialistas. Pedían dimisiones, pero después, hasta el próximo muerto, nadie se acordaba de lo que ocurría.

Había también un déficit de oposición…

Y Martín Villa en sus memorias dice lo contrario, que los socialistas y comunistas le pedían que insistiera y depurara a la Policía. Pero es falso, ni los socialistas ni los comunistas hacían de esto bandera. Cuando íbamos a las manifestaciones por la democracia pedíamos la disolución de los cuerpos represivos, yo lo recuerdo.

Sí he localizado en el diario “El País” un debate interesante con la sucesión de artículos de fondo solicitando la depuración de elementos fascistas; se produjo después de la muerte de Arregi a principios del 81. Poco después tuvo lugar el golpe de Estado del 23F y luego ya nadie se acordó de las depuraciones. Depurar a la Policía durante la Transición no era una demanda ampliamente extendida, la sociedad española estaba por la democracia, pero con miedo, y quería paz y tranquilidad y ausencia de violencia, producto del enorme trauma que había por la Guerra Civil y la enorme represión. Los parámetros eran paz, orden, no vayamos a hacer nada que pueda cabrear a los poderes fácticos. La Transición fue lo que fue, no como nos hubiera gustado a algunos. Cuando el pueblo pudo votar, encargó la tarea de hacer la reforma al que había sido penúltimo jefe del partido único de la dictadura, que fue [Adolfo] Suárez, no se les dio el poder a los antifranquistas.

En esa no ruptura con formas y métodos policiales, ¿qué nivel de responsabilidad tuvieron el Gobierno de Suárez y el rey Juan Carlos de Borbón?

Evidentemente eran conocedores de que tenían la Policía que tenían. A la hora de la verdad, tampoco era un tema que preocupara o les ocupara tanto. El 1982, los socialistas llegan con mayoría absoluta y no aprueban la Ley de Policía que en campaña aseguraban que era prioridad hasta 1986, porque les quemaba el tema de Interior. Felipe González, presionado por el rey, no pudo nombrar a Carlos San Juan, un comandante jurídico de la Armada que se decía que quería hacer ‘una limpia’.

Hay quien asegura que el mismo monarca presionó para que González no moviera ficha, y los policías tenían amenazado al Gobierno con hacer huelgas. Y acabaron nombrando ministro a [José] Barrionuevo.

¿Dónde fue peor todo esto?

Claramente en el País Vasco y Navarra. Hay en el libro una gráfica significativa, en la relación del peso de las muertes que hubo y la población de las comunidades autónomas, y todas tienen un porcentaje de muertos inferior a su peso poblacional en el Estado, excepto Madrid, que tiene un poco más de muertos en manifestaciones, y sobre todo País Vasco y Navarra, que multiplican por hasta seis las víctimas en cuanto a su peso poblacional. Luego, desde 1982, va bajando constantemente el número de muertes.

Para muchos queda todavía recorrido en la democratización de las FSE.

Sí, pero por respeto a aquello no podemos banalizar lo de ahora. Aunque tenemos una Policía con muchos defectos y que dista de lo que debería ser en una sociedad democrática, flaco favor a la verdad hacemos si decimos que estamos como en aquel entonces, y cometemos falta de respeto hacia las víctimas.