El fiscal delegado de Medio Ambiente de Gipuzkoa ha pedido al Juzgado de Guardia de Donostia que investigue también si un inspector del Gobierno de Lakua, además del caso anterior del aviso de la ilegalidad por parte de GHK, «obvió» un tubo de drenaje «clandestino» que habría sido instalado sin autorización en la incineradora de Zubieta y que podría estar en el origen de las últimas filtraciones contaminantes, según informó ayer GuraSOS. El fiscal delegado de Medio Ambiente considera que este funcionario podría haber incurrido en un delito de prevaricación ambiental, penado con hasta tres años de prisión.

Así lo dieron a conocer ayer Joseba Belaustegi, portavoz de la plataforma, y Olatz de Miguel, vecina de Zubieta, en nombre de GuraSOS, que fue quien denunció ante la Fiscalía los hechos tras publicarse el pasado 17 de setiembre una fotografía que hizo llegar una fuente anónima procedente de la incineradora al diario “Berria” y en la que se acredita la existencia del citado tubo «clandestino», que procede de uno de los hornos de la incineradora y que va a la red de aguas de la instalación.

Ahora la Fiscalía ha remitido al Juzgado de Guardia la conclusión de las diligencias de investigación para que incoe diligencias previas. En su decreto, explica que «el 21 de septiembre de 2022 tuvo entrada en esta Fiscalía el escrito […] poniendo de manifiesto la instalación de un drenaje o purga de agua de los conductos de salida y depuración de gases de combustión de caldera no previsto en el proyecto y sin autorización, circunstancia presuntamente obviada por el técnico que hizo las inspecciones correspondientes».

Por ese conducto «clandestino» se verterían a la red de aguas de la incineradora dioxinas y otras sustancias tóxicas que estarían en el origen de los últimos episodios de contaminación que se han registrado en la regata de Arkaitzerreka, según GuraSOS.

Belaustegi explicó que el nivel de contaminación por dioxinas que se ha detectado en el subsuelo es «seis veces superior» al establecido por la normativa que se utiliza en Europa como referencia.

El fiscal afirma que «de las diligencias practicadas se infiere que los hechos revisten, indiciariamente, los caracteres de un delito, tipificado y penado en el artículo 329.1 del Código Penal», un tipo penal agravado y especializado de la prevaricación medioambiental, que está castigado con pena de prisión de entre seis meses a tres años y una multa, además de inhabilitación.

El mismo de Zaldibar

GuraSOS ha puesto nombre y apellidos al inspector que hizo las inspecciones y que habría «mirado para otro lado». Es Hipólito Bilbao Intxaurraga, técnico del Servicio de Inspección y responsable del Servicio de Prevención y Control Integrados de la contaminación de la Vicenconsejería de Medio Ambiente de Lakua. Se da la circunstancia de que es el mismo técnico que «elaboró las actas de inspección del vertedero de Zaldibar antes de su colapso», según la plataforma.

Belaustegi y De Miguel han destacado la «diligencia y rapidez» con la que ha actuado la Fiscalía, ya que tan solo han transcurrido tres semanas desde que GuraSOS interpuso la denuncia hasta que el fiscal de Medio Ambiente actuó.