El Ejecutivo de Élisabeth Borne se plantea pisar el acelerador en la tramitación del proyecto de ley de reforma de las pensiones al que el Consejo de Ministros dará luz verde, salvo sorpresas, el 23 de enero.

A partir de ahí, se abrirá el debate parlamentario que la jefa de gabinete de Emmanuel Macron quiere que acabe con la adopción de la reforma antes de que expire el mes de marzo. Ello a fin de que las medidas que contempla el polémico proyecto de llevar la edad de jubilación a los 64 años para 2030 puedan aplicarse desde septiembre.

Desde esa fecha se hará efectiva, de mantenerse tal cual el texto, la subida a las pensiones mínimas, lo que garantizará, asegura el Ejecutivo, que dos millones de personas vean mejoradas sus percepciones hasta alcanzar los 1.200 euros (brutos) en 13 pagas.

Es uno de los retoques que ha incorporado el Gobierno a su texto original y que ha sido valorado positivamente por la derecha, junto con el retraso progresivo de la edad de jubilación desde los 62 años actuales hasta los 64, y no hasta los 65 años que proponía Macron en su programa electoral.

Consciente del efecto placebo que pueden tener ciertos capítulos de la reforma, desde la oposición, el jefe de filas del PS, Boris Vallaud, trató de dejar sentado ayer que «no por estar cubierta de miel una píldora es menos amarga». La alianza de izquierda, Nupes, podría volver a inundar de enmiendas el trámite en la Asamblea Nacional, como ya hizo en el debate presupuestario. No tanto para impedir que se adopte la reforma, como para horadar -como la ultraderecha- la posición de una Bornesin mayoría parlamentaria.

¿Qué dice la derecha a la que la premier hace ojitos para aprobar la reforma sin tener que recurrir al dichoso artículo 49.3? Los augurios no son malos para la jefa de gabinete.

El muy conservador jefe de filas de Les Républicains (LR), Eric Ciotti, se felicita de que la mayoría presidencial haya asumido «demandas importantes» de su grupo.

Sin embargo, plantea reparos a uno de los aspectos del proyecto que ha recibido más críticas. Es el relativo a los trabajadores con carreras más largas. Con todo, la diferencia parece bastante de matiz.

Según resume el portavoz «republicano», Pierre-Henri Dumont, lo justo sería que una persona que comience a cotizar a los 20 años pueda jubilarse cuando alcance esos 43 años de cotización que la reforma plantea como condicionante para cobrar el 100% de la pensión. Ello le permitiría jubilarse a los 63.

No parece una demanda inasumible para Borne, cuyo proyecto habla de un máximo de cotización de 44 años para quien haya empezado joven, pero estipula ya algunos supuestos para poder retirarse antes de los fatídicos 64.

Abrir la mano

Tras presentar su proyecto, Élisabeth Borne acudió, la misma noche del martes, a la televisión pública para «transmitir confianza». La reforma que plantea será sensible, insistió, a la hora de evaluar «tareas penosas o problemas de salud que hagan imposible que un trabajador pueda llegar a la edad legal».

Tras el plácet a medias de la derecha, la patronal Medef valoraba también como «equilibrado» un proyecto que, según explicitó la primera ministra, quiere preservar el sistema de repartición, garantizar su viabilidad y, sobretodo, no «subir el costo del trabajo», lo que los empresarios entienden llevará a que no deban aportar más.

La patronal planteará la pelea en otro punto, ya que no comparte las exigencias que plantea el texto a las empresas para que permitan que se escruten sus plantillas. Ello a fin de aumentar, con sistemas de bonificación-penalización, la proporción de los llamados «trabajadores senior», gran objetivo de la reforma, junto con el avance hacia una situación de «pleno empleo».

Manifestación de partida

Los sindicatos tienen una visión totalmente opuesta de la reforma, a la que llaman a plantar cara desde el 19 de enero en las calles.

En su comparecencia, en la Bolsa de Trabajo de París, hablaron de una gran movilización que marcaría el arranque a una protesta sostenida. Sin mención a la huelga general.

Ayer por la mañana, el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, mostraba su confianza en el que 19 de enero «mucha gente se movilizará y mucha gente hará huelga». La presencia de la mayoritaria CFDT en la fotografía del bloque sindical exigiría, a priori, guardar ciertos equilibrios.

El responsable de esa central moderada, Laurent Berger, denunciaba ayer en los micrófonos de FranceInfo «una reforma de equilibrio financiero que recaerá sobre las espaldas de los trabajadores» y apelaba a «dar una respuesta duradera» al proyecto Borne «a partir de una potente movilización», el 19 de enero, que lanzará definitivamente la esperada batalla de las pensiones.