EH Bildu Josu Estarrona dio a conocer ayer que han recibido recientemente en la Cámara «un informe de 2021 del director-gerente de Hazi basado en una consulta jurídica previa, de 2019, que decía textualmente lo siguiente: ‘En opinión del equipo jurídico consultado, ante una condena de más de 6 años parece poco razonable optar por una sanción que no sea la del despido’».

Ya se sabía que el convenio de Hazi contempla como «falta muy grave» «la condena por delito de robo, hurto o malversación cometidas fuera de la empresa, o por cualquier otra clase de hechos que puedan implicar para esta desconfianza respecto a su autor/a, y, en todo caso, la de duración superior a seis años dictadas por los Tribunales de Justicia».

El informe recoge que «en todo caso también cabe indicar que el trabajador podría recurrir la decisión extintiva y, por supuesto, también los juzgados de los social podrían declarar tal despido como procedente, o no».

Pero no se adoptó esta decisión, avalada por el informe de BSK Legal & Fiscal Asociados, SLP, sino que Hazi optó por una actuación más garantista y en base a la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político entendió que a Alfredo de Miguel le asistía «el derecho a la doble instancia penal contra sentencias condenatorias».

«Nos han estado engañando»

El parlamentario Josu Estarrona recordó que «en 2019 la Audiencia de Araba condenó a 13 años de cárcel a Alfredo de Miguel por corrupción, una condena que hace un mes fue ratificada por el Tribunal Supremo. De Miguel fue condenado por corrupto, por amañar contratos públicos y cobrar comisiones valiéndose de su cargo en representación del PNV».

A lo que añadió que, «sin embargo, durante todos estos años De Miguel ha seguido trabajando para el Gobierno vasco en la Fundación Hazi. Ha seguido llevándose su nómina a casa, ascenso y complemento salarial incluido». Y explicó que «durante todos estos años el Gobierno vasco ha dicho siempre que no podía hacer otra cosa que mantenerle en su puesto, que no podía despedirle hasta que la condena fuera firme».

Apoyándose en el informe, EH Bildu denunció que ahora «sabemos que el Gobierno nos ha estado engañando. Sabemos que Urkullu, Tapia, Zupiria, todo el Gobierno no solo nos ha engañado a la oposición, sino a toda la sociedad».

Criticó que «a pesar de que fue condenado por corrupto, De Miguel ha seguido trabajando en el Gobierno, ha seguido cobrando dinero público, solo porque el Gobierno del señor Urkullu lo ha querido así. Porque ha preferido proteger a un corrupto en vez de tomar medidas contra él».

Petición de explicaciones

Josu Estarrona afirmó que «esa supuesta ejemplaridad de la que tanto alardea el lehendakari es eso, supuesta. Nada más». Por todo ello, EH Bildu anunció que en el próximo pleno de control pedirán explicaciones a Iñigo Urkullu.

El parlamentario incidió en que «paradojas del destino, todo esto lo hemos sabido solo dos días después de que el Gobierno haya dicho que la Oficina Anticorrupción que hemos propuesto desde EH Bildu no hace falta».

Por otra parte, Josu Estarrona tiene también registrada otra pregunta, en este caso a la consejera Arantxa Tapia, sobre si Alfredo de Miguel, que ocupa un cargo de máxima responsabilidad en Hazi, al que fue ascendido en funciones mientras estaba procesado y luego condenado, puede realizar todas esas funciones «desde casa», donde según la consejera está desde el 10 de enero.

Además, después de haber negado durante semanas que Alfredo de Miguel haya realizado acciones representativas de la entidad pública en la que trabaja, la consejera Arantxa Tapia ha reconocido finalmente al Parlamento que «el señor Alfredo de Miguel cuando ha acudido a conferencias o cursos siempre ha acudido en nombre de Itsas Garapen Elkartea y NO en el suyo propio». Llama la atención ese «NO» en mayúsculas que se encuentra en el escrito oficial.