El monte Agerreburu, conocido como Santa Bárbara por la ermita de su cima, se alza al este de Hernani y es sobre todo célebre por su zona de escalada. Pero en otra de sus laderas presenta el mordisco de una vieja cantera, en desuso desde hace muchos años.

En la legislatura 2007-2011, el Ayuntamiento, gobernado por la izquierda abertzale bajo las siglas ANV, decidió rehabilitar la cantera para convertirla en parque. Como primer paso adjudicó a la constructora Campezo el relleno con tierras naturales procedentes de otras excavaciones. Tras los pertinentes informes, el permiso se concedió a mediados de 2010.

La alcaldesa era Marian Beitialarrangoitia, que posteriormente fue directora de comunicación en la Diputación de Gipuzkoa y parlamentaria tanto en Gasteiz como en Madrid bajo las siglas de EH Bildu. En 2019 regresó a su trabajo como periodista y desde entonces está alejada del foco político.

Remarca su sorpresa cuando a primeros de año se topó con «una denuncia anónima», en la que se le acusa de «presuntos delitos por prevaricación y contra el medio ambiente» por «autorizar el relleno de la cantera de Santa Bárbara de forma irregular (…) conocedora de que la licencia no era legal», según reza el escrito con el que la Fiscalía de Gipuzkoa -aunque extrañamente la denuncia fue presentada en Bizkaia- decreta la apertura de investigaciones.

Fuera desde 2011

Ha sido la propia Beitialarrangoitia la que ha querido hacer público el caso después de presentar unas alegaciones en las que recuerda que dejó la Alcaldía en junio de 2011 y que desde entonces «no ha tenido intervención alguna, ni directa ni indirectamente», en este proyecto.

Añade que la licencia «otorgada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Hernani era legal y se aprobó siguiendo el procedimiento establecido». El dictamen presentado en comisión no contó con la oposición de ningún partido -el PSE votó a favor y el PNV se abstuvo- y el secretario municipal dio su visto bueno. También obtuvo luz verde de la dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno de Lakua y de la Agencia Vasca del Agua (URA).

La denuncia apunta que Campezo recibió permiso para verter escombros y otros materiales tóxicos para terminar con rapidez el relleno y así poder inaugurar el parque lo antes posible.

Esto choca con el hecho de que seis años más tarde la empresa asumió que no podía hacer frente a los compromisos adoptados, porque la crisis de la construcción dificultaba disponer de tierra para el relleno, y optó por desistir del contrato. El espacio sigue a la espera de ser rehabilitado.

Antes de dar el salto al ámbito judicial, el asunto tuvo eco a nivel local de la mano del portavoz municipal jeltzale, Andoni Amonarraiz, que justo hace un año se preguntaba en la web del Gipuzku Buru Batzar «por qué EH Bildu no actúa contra los responsables de que el relleno de la cantera no cumpla la ley».

En sus alegaciones, Beitialarrangoitia apunta que en todo el procedimiento la información de la que dispuso fue «la facilitada por los diferentes técnicos municipales», y niega que mantuviera «reunión alguna con representantes de Campezo para autorizarles el relleno de la antigua cantera con materiales de suelos contaminados».

En declaraciones a GARA, Beitialarrangotia denuncia la «indefensión» que supone tener que hacer frente a una denuncia anónima y sospecha que tras la misma «se esconde un posible interés electoral», a cuatro meses de una cita con las urnas. «He entregado todo la documentación de la que dispongo a la Fiscalía, con la confianza de que el resultado sea el archivo», subraya.