La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional española resolvió ayer la primera petición de medidas cautelares solicitada por Repsol, que reclamaba suspender la orden del Ministerio de Hacienda que desarrolla la ley que recoge el impuesto temporal para las empresas energéticas y la banca. También las grandes eléctricas y la banca han puesto en marcha distintas iniciativas judiciales para tratar de frenar el impuesto.

La Sala considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos, llevando a efecto las compensaciones necesarias.

La AN defiende que «la suspensión de la orden ministerial sí que ocasiona un grave perjuicio al interés general, al hacerse imposible la recaudación del gravamen, dejando sin cumplir una de las exigencias de la ley, que tiene una primera finalidad ‘recaudatoria’, a fin de exigir, en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica».

Horas antes, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, consideró que «estaba cantado» que estas compañías iban a recurrir. Su partido votó en su día a favor de este «parche», y el consejero de Economía y Hacienda de Lakua, Pedro Azpiazu, mostró su esperanza de que los recursos no prosperasen para aumentar así la recaudación en unos 400 millones de euros.