Lakua iba a comunicar ayer los despidos de Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, condenados por delitos de corrupción junto a otras personas vinculadas al PNV en el «caso De Miguel», entre las que figuran el exburukide Aitor Telleria y el exdirector de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura de Lakua Xabier Sánchez Robles.

Sobre el exdiputado de Administración Local de Araba, que ostenta un puesto de responsabilidad en la Fundación Hazi, pesa una pena de 12 años y 4 meses de prisión; mientras que el segundo, empleado del Parque Tecnológico de Araba, deberá cumplir 7 años y seis meses, tal como acredita el auto de ejecución de la sentencia.

«Una vez registrado ese auto los despidos son un hecho», apuntó en declaraciones a los medios de comunicación presentes en el Parlamento de Gasteiz la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que incidió en que a De Miguel y Ochandiano no les corresponde «ninguna» indemnización debido a las «circunstancias».

Asimismo, señaló que el hecho de que Ochandiano se encuentre de baja no es un impedimento para poder dar por finalizada su relación contractual. «Se puede realizar», apuntó la consejera, quien destacó que con la resolución de la Audiencia Provincial de Araba «termina un procedimiento de más de doce años».

«Ha sido un proceso excesivamente largo a nuestro juicio, pero terminado en este momento, las personas que han sido condenadas tienen un auto de ejecución; y a partir de ahí, lo más importante es cerrar definitivamente este caso de la mejor manera posible y finalizar con la situación que hemos vivido de interinidad y de no poder ejecutar esta sentencia», aseveró. Y manifestó que, «finalizado el proceso, nos toca mirar hacia adelante y trabajar para que en ningún caso se puedan producir situaciones como esta».

El estado de salud de Koldo Ochandiano abre la puerta a que solicite no ingresar en prisión. Precisamente ahora se abre un plazo para que las defensas de los principales condenados presenten alegaciones como podría ser una suspensión excepcional de la pena por enfermedad o incluso un indulto. Algunos de los letrados tienen intención de hacerlo, según explicaron a Efe fuentes jurídicas.

La posición y el papel del PNV

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, insistió en una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia en que «ha quedado claro que ni el partido ni las estructuras del partido ni la forma de actuar nuestra ha tenido nada que ver, pero ha sido muy doloroso que personas de nuestra organización, a título particular, hayan tenido los comportamientos que describen la sentencia». En todo caso, dijo que «la condición humana es así» y rechazó las acusaciones de Carlos Iturgaiz, que manifestó que «el tronco de la corrupción es el PNV» en la CAV.

«A mí no me gusta poner el ventilador, pero hay gente que tiene que ser más prudente cuando habla de determinadas cosas que otros. Entonces, un dirigente del Partido Popular cuando hable de estos temas, tiene que ser, no ya prudente, tiene que ser San Prudencio», señaló, para subrayar que este tipo de declaraciones generan «desafección» en la ciudadanía hacia la política.

Lo cierto es que en la nota informativa anexa al fallo del 10 de enero, el Supremo señala que «los tres acusados -De Miguel, Ochandiano y Aitor Telleria-, prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del PNV y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión».

Cabe recordar que, durante el juicio, el fiscal Josu Izaguirre dijo que los ya condenados constituyeron una «trama criminal» dedicada a lucrarse mediante la obtención indebida de fondos públicos y que entre «casi todos» los acusados existía un nexo común, su relación con el PNV. «Estamos ante prácticas más propias de Sicilia que de un país mínimamente serio», afirmó.