Existen pruebas de que un parlamentario que denunció a un alto cargo que luego fue sancionado por la Comisión Ética recibió por correo electrónico amenazas de la abogada de ese director del Gobierno y que ese email tenía en copia a la consejera Olatz Garamendi. Eso supone que se rompió uno de los ejes de la labor de esta Comisión Ética, que es garantizar el anonimato de quienes se dirigen a ella, y que la consejera y presidenta de este órgano lo sabía. Por ello, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona le preguntó ayer en el pleno del Parlamento qué va a hacer, si va a abrir un expediente o si va a investigar lo ocurrido.

Olatz Garamendi, sin embargo, no respondió. Afirmó que la Comisión funciona como debe, leyó extractos de la ley y aseguró que como miembro de la misma tiene «la obligación de guardar secreto sobre los asuntos tratados en este órgano y así lo haré hoy también. Ustedes saben que no puedo ni debo hablar de la información de la que he tenido conocimiento durante el ejercicio de mis funciones como miembro de la comisión y juegan con ello».

De forma vaga y que no aclaró más, apuntó que «lo que sí puedo asegurarle es que todas estas cuestiones, incluida la del mantenimiento del anonimato, han sido tratadas en las reuniones de la comisión, y la posición es clara».

Ella rigor, él confunde

Pero, además de no dar ningún tipo de explicación, Garamendi le espetó a Estarrona que «he intentado siempre, sin excepción, contestar con rigor jurídico y transparencia. Pero por lo visto, a pesar del esfuerzo que hago, y siendo este grande, usted sigue mezclando cosas y confundiendo a la opinión pública o mostrando ese arte que tiene para confundir. Al mismo tiempo sigue intentando manchar la imagen del servicio público y de los servicios públicos».

Después, cuando por fin parecía que iba a entrar en «la cuestión que hoy le ocupa», lo que hizo fue quejarse de que el hecho «es de julio de 2022 y lo hacen público ahora, ocho meses después. Han esperado más de medio año para hablar de esto y han sido ustedes mismos los que han trasladado a la opinión pública la identidad de la persona que presentó la consulta a la comisión. Si tanto les preocupa la discreción y el anonimato no parece lógico que continuamente traten de condicionar asuntos que merecen ser tratados con la máxima discreción».

Dirigiéndose a Josu Estarrona, afirmó que «es usted quien está cuestionando siempre absolutamente todo desde la perspectiva de la ética o, para ser más exactos, desde su perspectiva de la ética».

Y la consejera terminó con exigencias: «exijo y predico la necesaria responsabilidad de las personas que ostentan cargos públicos, pero asimismo solicito con la misma intensidad responsabilidad y rigor por parte de todos y de todas».

«¿Quién va a denunciar?»

El parlamentario de EH Bildu lamentó la falta de respuestas a preguntas como «¿me puede responder cómo habiendo sido conocedora desde el minuto uno de esta filtración, de la que hay pruebas, usted no ha movido un dedo? No ha hecho nada. No es aceptable».

Y su conclusión es que «si no toma medidas, está mandando un mensaje muy claro. ¿Quién se va a atrever en este país a denunciar cualquier práctica irregular si a un parlamentario, que tiene ciertos medios, que tiene cierta protección, se le amenaza de esta manera?».

«Amiguismo»

Durante el pleno, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs preguntaron al lehendakari sobre la Comisión Ética, las puertas giratorias, el «amiguismo» en casos como el de De Miguel y el funcionamiento de los mecanismos para impedir los casos de corrupción. Y la respuesta de Iñigo Urkullu fue en todos los casos la misma: todo funciona correctamente.

Sobre las puertas giratorias, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, expuso ante la Cámara casos concretos en los que se mezclaban cargos públicos que pasaron con permiso a empresas con las que parece claro que tuvieron relación y otros que ni siquiera pidieron permiso.

Pero el lehendakari, como están haciendo desde el Gobierno, fingió no escucharlo y aseguró que se actúa de acuerdo con la ley, aunque es evidente que en al menos dos de los casos mencionados los altos cargos no cumplieron con sus obligaciones de pedir permiso. Sin embargo, según Urkullu, la consejera Olatz Garamendi ya dio explicaciones precisas en el Parlamento el pasado lunes.

No fue de la misma opinión José Manuel Gil, de PP+Cs, que defendió que lo que hizo la consejera en la comisión parlamentaria fue «echar balones fuera» «en vez de anunciar una investigación a fondo o incluso medidas correctoras directas». Y le recordó al lehendakari que «negar los problemas no es una respuesta muy madura. La sociedad vasca es cada vez más adulta y usted ha dicho hace un rato que engañar a la gente es muy peligroso. Son sus palabras. Pues en este caso los datos son muy claros».

«Caso De Miguel»

También se habló del «caso De Miguel», ahora que se han comunicados las sentencias y se han anunciado dos despidos en empresas públicas. Carlos Iturgaiz afirmó que «ya les gustaría a muchos trabajadores vascos una protección laboral a ultranza como la que han ofrecido ustedes al señor De Miguel. No conozco empresa que hubiera mantenido la confianza y evitado el despido hasta la notificación de sentencia firme de un trabajador condenado por corrupción. No la hay».

Sin embargo, en opinión del lehendakari, «este es un ejemplo de cómo el Gobierno Vasco ha actuado con firmeza ante una situación inaceptable y que condenamos desde el primer momento. Adoptamos decisiones contundentes de manera inmediata. Eso sí, con el máximo rigor y con todas las garantías jurídicas».

El portavoz de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, le preguntó también al lehendakari «cómo valora el funcionamiento de los controles para impedir el clientelismo amiguismo en el País Vasco». E Iñigo Urkullu respondió que «mi valoración del funcionamiento de los controles de nuestro modelo de gobernanza en Euskadi es positiva. Esto es compatible con un principio de mejora permanente de toda la institución», indicó.