Su libro es un compendio de temas relacionados con el tratamiento de la violencia política y de las víctimas, pero ha decidido poner el foco, desde el título, en las «invisibles», ¿por qué?

Sí, porque efectivamente hay un conjunto de víctimas que representan violaciones de derechos humanos que no están reconocidas. Lo hago sin pretensión política. Simplemente creo que si hay víctimas que necesitan una mejora en sus estándares, hay que señalarlo. Y hay algunas que directamente son invisibles; son las que tienen que ver con violaciones de derechos humanos por parte del Estado a partir de 1978, más conocidas en nuestro país, pero de las que del Ebro para abajo quizás no son conscientes. Quizás consideren que hubo algunos excesos en la Transición, pero por ejemplo no son conscientes de lo que representó la tortura.

Esa violencia es estatal pero las dinámicas de reconocimiento y reparación vienen de instituciones autonómicas, ¿es una contradicción?

Aquí hubo una dinámica propia. A nivel estatal, en general las víctimas de ETA han tenido una justicia penal y también unas políticas de acompañamiento, aunque es cierto que llegaron tarde, a finales de los 90. Otras, por ejemplo las de memoria histórica, llegaron incluso más tarde y además no tuvieron justicia penal, porque hubo un modelo de amnistía y un memoricidio.

La diferencia aquí es que la violencia política no se detuvo en 1978 y pasó en un sitio suficientemente pequeño como para que más allá de versiones oficiales se sepa qué ocurrió, aunque no sea con detalle. Ello hace que aquí exista una presión legislativa suficiente para que, aunque la justicia penal no haya hecho su trabajo, surjan instrumentos que permitan una reparación y también ventanas de verdad. Verdad entre comillas, porque la verdad es una palabra muy grande. Y todo con muchas dificultades. Pero ahora al menos hay una novedad: un suelo constitucional que sostiene tanto la ley vasca como la navarra, un suelo que habla de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos o equivalentes. El futuro dirá hasta dónde se llega por esta vía y la de la Ley de Memoria Democrática.

Hubo abusos procesales, excesos en detenciones, macrosumarios con limitación de derechos fundamentales, condenas con cargas probatorias débiles, cierres de periódico con medida cautelar que era pena de muerte... Va pasando el tiempo y quizás ahora haya presencia de ánimo y madurez democrática suficiente para reflexionar y decir ‘esto estuvo bien’ y ‘esto estuvo mal’.

En el libro advierte potencialidades en la Ley de Memoria Democrática estatal. Algo que apenas se ha citado en Euskal Herria. ¿Qué puede aportar?

La Ley de Memoria Democrática tiene mucha más capacidad en cuanto que es de competencia estatal, ha creado una Fiscalía de Sala, tiene unos mecanismos de verdad como informes, testimonios que pueden funcionar como elementos de prueba....

Por ejemplo, el caso de Mikel Zabalza, ya reconocido aquí, ¿cree que podría ser atendido en esa ley estatal?

Hay limitaciones, porque la Ley de Memoria Democrática llega hasta 1983 [antes de la muerte de Zabalza]. Pero también veo un salto cualitativo desde la Ley de Memoria Histórica anterior. Esta supuso impugnar un modelo de olvido, pero no recogió los estándares de derechos humanos con fuerza: con ella se busca a desaparecidos, hay indemnizaciones, pero todo con un enfoque privatista, en que el Estado solo ayuda, como si no fuera con él. En la Ley de Memoria Democrática, por contra, se asume que esas violaciones de derechos humanos son un deber para los poderes públicos. Lo que no sé es cómo se van a desplegar esas potencialidades. Me parecería lógico que si aquí ya hay trabajos realizados con marchamo oficial, fueran absorbidos ahí.

Volviendo a Euskal Herria, en un artículo de opinión usted fue muy crítico, o autocrítico, con el proceso de reconocimiento de víctimas de violencia estatal en la CAV. Llegó a decir que se había perdido a las víctimas por el camino...

Quiero dejar claro antes que nada que no soy portavoz de la comisión, no hablo en su nombre. Pero en términos generales sí creo que hace falta una actitud de escucha a las víctimas, porque son quienes han sufrido, y una actitud de servicio. La comisión de valoración está avanzando, pero sería bueno que no se dilate demasiado, que haya un trabajo en tiempo y en forma, profesional. Es cierto que primero ha habido una impugnación judicial y después mala fe de un grupúsculo de extrema derecha que hizo campaña para volcar un montón de peticiones. Creo que algunas eran de buena fe, de gente a la que se le dijo ‘vaya a esa ventanilla y eche este papel’.

Todo eso creó unas dificultades objetivas, pero también debemos tener una actitud de autoexigencia, de ganarnos la confianza de las víctimas. Los parlamentos fueron valientes con estas leyes e iniciaron un camino que puede tener futuro. Tenemos suelo jurídico para hacer verdad, y con la verdad emerge el futuro porque la gente cuando conoce las cosas es razonable.

¿No es significativo que haya informes de torturas tan contundentes como los del IVAC y nadie los cuestione? Lo que está imperando es el silencio, nadie de la Guardia Civil ha salido a afirmar que Paco Etxeberria miente...

Estos informes no son de parte, tienen una raigambre académica y una metodología científica, vienen de un encargo oficial (un Ejecutivo, un Parlamento...). Lo que sí me parece llamativo es que con la gravedad de lo que se habla no haya una reacción. Quizás también esto requiera un trabajo de cocina.

No se trata de hacer alharaca política con esto, pero si ha habido tortura y ha sido tan grave, habrá que tomar medidas: puede ser abrir un procedimiento judicial penal, pero también poner garantías de no repetición, mejorar la cultura de formación, hacer reconocimientos públicos... Si en un Estado democrático hay una organización terrorista que mata, eso es inaceptable, pero la política antiterrorista tiene que ser democrática.

Ese silencio y falta de reacción, ¿no puede tener que ver con que todo esto realmente era conocido?

Eso entra ya en el terreno de la especulación. Lo que sí creo es que ha habido una dinámica en la que aquí continuó la violencia y esto es más difícil de ver cuanto más te alejas de nuestro espacio vasco-navarro. Puede haber personas de buena fe en el Estado que no capten la dimensión de lo que aquí ocurrió, y no capten que no se acabó en 1983, ni en 1987.

No toda la actuación contraterrorista fueron violaciones de derechos humanos, pero estas la acompañaron. Y si no hay un trabajo fino sobre esto, siempre habrá quien lo crea y quien no lo crea. El derecho internacional de los derechos humanos, con sus mecanismos, no es de trazo grueso como la política, sino que crea comisiones, hace informes, baja al terreno... Creo que este trabajo, bien explicado, podría generar otra actitud, más vigilante, abrir una serie de luces.

Aquí hubo una polarización política enorme, y el encastillamiento político ciega o abre los ojos. Cada uno miraba una serie de heridas y pocos eran capaces de visualizarlas todas. Ahora tenemos más capacidad de ampliar la mirada.

El libro habla también de la política carcelaria como una acumulación de excesos. En la cumbre de la pirámide puede estar la 7/2003. ¿Cómo resolver este tema?

Casi el 100% de los penalistas en el Estado español hace un juicio crítico durísimo de la 7/2003, de punta a punta de la Península, porque hizo una transformación del sistema penitenciario, que se ancla en la reinserción. Se envenenó el tratamiento hasta el punto de que esta se suspendió: se introdujeron presupuestos en el tercer grado o la libertad condicional muy difíciles de manejar. Se transformó un sistema penitenciario progresivo en una especie de carrera de obstáculos que va mucho más allá del estándar democrático.

Yo estoy convencido de que los jueces tienen margen para dulcificar esa ley. Ni siquiera necesitaríamos un cambio legislativo, pero sí un cambio de actitud.