Un mosso d’Esquadra de paisano detuvo ayer en Barcelona a la eurodiputada de Junts y exconsellera de Educación Clara Ponsatí, quien regresó a la ciudad catalana tras cinco años de exilio en Escocia y Bélgica después del referéndum soberanista del 1-O. Su credencial como europarlamentaria, y la inmunidad que conlleva, no evitó su arresto cuando caminaba junto a su abogado, Gonzalo Boye, y varios periodistas por la plaza de la Catedral tras ofrecer una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Barcelona, en la que aseguró que «no he venido a pactar, sino a plantar cara».

En el auto dictado el pasado 12 de enero por el juez instructor del procés, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para revisar sus decisiones iniciales a la luz de la última reforma penal, ratificó el procesamiento en rebeldía de Ponsatí, pero sustituyó el delito de sedición que se le imputaba por el de desobediencia, que no implica cárcel, debido a la derogación del primer ilícito. Además, Llarena dejó sin efecto la orden de busca y captura y su ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención anteriores, y dictó una nueva orden nacional de detención. Fue llevada ante un juez de guardia en Barcelona, que estaba previsto le comunicara su procesamiento y la dejara en libertad a la espera de una citación de Llarena.

El expresident Carles Puigdemont no tardó en acusar a la Policía catalana de ser «corresponsable» del arresto ordenado por Llarena y urgió a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, a «no mirar hacia otro lado».

Los más de 700 eurodiptados recibieron tras la detención un correo electrónico de la propia Ponsatí en el que les alertaba de que había sido «detenida ilegalmente» y señalaba que el arresto afectaba a su labor como eurodiputada porque no podrá llegar a tiempo para el pleno de hoy. Además, llamaba a Metsola y a los diputados a defender su inmunidad ante las autoridades españolas.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), afirmó que la detención de Ponsatí vulnera sus derechos como europarlamentaria y «pone de manifiesto que el Estado español no respeta su inmunidad», y sostuvo que es «una evidencia más» de que la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español aún está lejos.

El Gobierno español consideró que más allá del «espectáculo montado» por Ponsatí, los líderes independentistas que antes «huían con el PP, ahora regresan y rinden cuentas ante la Justicia». Uno de sus socios, UP, denunció el «menosprecio» de Llarena a su inmunidad.