Cómo «marbellizar» el Pirineo con fondos sostenibles de la UE
GARA, Arainfo y La Directa publican conjuntamente este reportaje sobre el proyecto de Canal Roya en el Pirineo, en el que el Gobierno aragonés gastará el 80% de los Fondos Next Generation recibidos para unir las estaciones de esquí destrozando un espacio protegido.

El Gobierno de Aragón va a dilapidar la casi totalidad de los fondos europeos Next Generation destruyendo la val pirenaica aragonesa de la Canal Roya, en el norte del país, con las obras de una telecabina que unirá las estaciones de esquí de Astún y Formigal, atravesando varias líneas rojas en la defensa del medio ambiente en un proyecto contrario a cualquier lógica para una transición ecológica ordenada y civilizada, y negando irresponsablemente las consecuencias del cambio climático.
El proyecto de telecabina aprobado por la Diputación General de Aragón -DGA o Gobierno de Aragón- contempla el anclaje de 37 enormes pilonas para sustentar el cable motriz del sistema de transporte por telecabina, cuya construcción implica, además, voladuras y grandes movimientos de tierras, y una carretera con sus «necesarias» derivaciones para trasladar las torres y las grúas, que se mantendría como vía de evacuación. El presupuesto será de 34 millones de euros; 26 para unir Astún con Formigal por la Canal Roya y otros 8 para una futura unión de las estaciones de Candanchú y Astún.
Estas obras se contemplan bajo el paraguas conocido con el rimbombante nombre de Ski Circus, promovido por la DGA y la Diputación de Uesca (Huesca), y que también incluye otra telecabina, entre Benás y Cerler, con un coste estimado de 13 millones, así como la “marbellización” ya perpetrada en Castanesa.
Cabe destacar que la explotación económica de este despilfarro de fondos europeos para el desarrollo sostenible recaerá en empresas privadas: por un lado Aramón (de titularidad público-privada, 50% de la DGA y 50% de Ibercaja Banco), titular de las estaciones de Formigal-Panticosa y Cerler en el Pirineo aragonés, y de Javalambre y Valdelinares en el Sistema Ibérico; y por otro lado de las empresas Estación Invernal Valle de Astún e Ibernieve, propietaria de Candanchú, y en cuyo accionariado figuran con diferente porcentaje de propiedad César Alierta, la familia Yarza -“Heraldo de Aragón”, Grupo Henneo-, los Solans y el empresario Juan Forcén, íntimo amigo del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP).
LA CANAL ROYA: UN PARAJE DE EXTRAORDINARIO VALOR
Esta canal casi virgen del norte de Aragón es un gran valle glaciar de extraordinaria belleza y valores naturales, que preserva del extractivismo su extraordinario valor paisajístico, biológico y arqueológico, con restos megalíticos de más de 5.000 años. La Canal Roya posee una figura de protección ambiental dentro del futuro Parque Natural Anayet-Partacua, ahora en entredicho por la propia DGA. Por eso, numerosas entidades recuerdan que el actual Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de esta zona está vigente, aunque paralizado, y debería activarse para completar la declaración de Parque Natural.
La intención del sector negacionista del cambio climático en Aragón de urbanizar cada centímetro del Pirineo no es nueva. De hecho, es tan antigua como las propias estaciones. Fue durante los años 60 del siglo pasado cuando «comenzó la juerga», y fueron numerosos los intentos de crear una superestación que comunicara todos los valles. Para ello, obviamente, debían edificar en cada valle su propia estación, más grande o más pequeña, de estilo nórdico, alpino o mixtas, familiar, deportiva o de freestyle. En Aragón tendríamos modalidades para todos los gustos, pero no bolsillos. Cada estación llevaría asociadas urbanizaciones de viviendas de segunda residencia -marbellización- para beneficio de empresas constructoras bien relacionadas con PP y PSOE, y disfrute de una ínfima parte de la sociedad aragonesa, la de renta alta o media-alta.
Con este trampantojo, y la recurrente promesa de creación de cientos de puestos de trabajo -o miles, que las promesas les salen gratis a los partidos del régimen del 78-, se ha ido engañando durante años a la población del norte de Aragón, a la que no han dejado otra opción que la de creer en el Santo Copo para que provea su supervivencia.
Cuando ya parecía que estos despropósitos dormían en algún cajón del Pignatelli -sede de la DGA-, el PSOE, liderado por Javier Lambán, los ha rescatado para favorecer los intereses económicos de sus amigos empresarios de los sectores de la construcción, banca y medios de comunicación afiliados al Gobierno de Aragón.
DECENAS DE MILES DE FIRMAS Y ACCIONES DE PROTESTA
Sin embargo, PSOE y PP parecen haber tocado hueso. La sociedad aragonesa, y también solidariamente desde fuera del país, ha dicho basta. Basta de mentiras, basta de transferencia de dinero público a manos privadas -siempre las mismas-, basta de destrucción de la naturaleza con la mala excusa del progreso, basta de destruir lo común para enriquecimiento de unas pocas familias.
Las reacciones de rechazo al decretazo de Lambán dando vía libre al destrozo de la Canal Roya se han multiplicado en las últimas semanas y también han saltado las fronteras de Aragón: habitantes de los valles afectados, empresarias, activistas, montañeras, científicas o escritoras, exigen la paralización del proyecto.
Está siendo especialmente la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) quien mejor y con más rasmia está encauzando la protesta social. Desde la PDMA recuerdan que estos proyectos «no reúnen los requisitos para recibir fondos Next Generation, incumplen el principio ‘Do not significant harm’ (DNSH): toda inversión y reforma deberá justificar que no conlleva un perjuicio significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales definidos por la Unión Europea».
Estos objetivos son: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; transición hacia una economía circular; prevención y control de la contaminación; y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Y como bien señala la PDMA, el proyecto liderado por la DGA y la Diputación de Uesca (DPU) incumple todos ellos.
RECHAZO CONTUNDENTE DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
Según el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC), la nieve que cubre los Pirineos desaparecerá a medida que avanzamos hacia el año 2050. Y la innivación artificial no garantiza la supervivencia de las estaciones de esquí. Así lo ilustra la nueva zona de esquí de Castanesa, que ha podido abrir poco más de veinte días a pesar de una inversión de millones de euros y los destrozos inevitables realizados.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en su sexto proceso de evaluación de la situación climática mundial, constata la situación de emergencia actual y afirma que «las decisiones que tomen las sociedades ahora determinarán si nuestra especie prospera o simplemente sobrevive a medida que avanza el siglo XXI». Aviso que desoye la DGA, que incumple igualmente sus propios compromisos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Por su parte, 400 científicos y científicas de 80 centros de investigación se posicionan en contra de la unión de las pistas de esquí Formigal-Astún. Se les suman investigadores e investigadoras de 16 instituciones de fuera del Estado español.
En el manifiesto, estos y estas investigadoras del área de los recursos naturales rechazan este proyecto y lo argumentan en varios aspectos fundamentales desde el punto de vista ecológico, paisajístico y económico. El primero es el principal, en un escenario indiscutible de cambio climático. La disponibilidad futura de la nieve para la práctica del esquí es muy incierta, convirtiéndose en una apuesta de altísimo riesgo.
Por otra parte, la primavera pasada un colectivo de investigadores e investigadoras ya hacía público un manifiesto por el turismo pirenaico sostenible, en el que se denunciaba que «en un escenario evidente y reconocido de cambio climático y crisis energética sostenida, resulta poco racional ampliar las zonas dedicadas al esquí comercial masivo con intervenciones irreversibles que en pocas décadas pueden ser tan solo una amarga cicatriz».
INCOHERENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
El proyecto de destrucción de la Canal Roya ha puesto de manifiesto las diferencias entre los socios del cuatripartito del Gobierno de Aragón. Mientras CHA y Podemos se muestran abiertamente en contra, PSOE y PAR son los máximos interesados en continuar con el despropósito, junto a PP y Vox.
Sin embargo, ni estas diferencias ni los informes de los departamentos dirigidos por Podemos y de los gestionados por CHA, que destacan los incumplimientos legales del proyecto, han impedido a Javier Lambán forzar un Consejo Extraordinario de Gobierno para dar luz verde vía decretazo a la destrucción de la Canal Roya, recortando plazos y relajando los requerimientos ambientales.
Mientras el presidente nacional de CHA, Joaquín Palacín, considera necesario «un mejor reparto de las ayudas europeas» y critica que «26 de los 33 millones de euros vayan destinados a esta obra faraónica e insostenible, al mismo tiempo que prácticamente pasan de largo por el resto de comarcas», o la consejera Maru Díaz (Podemos) solicita la convocatoria del Consejo Aragonés del Clima para analizar el proyecto de la unión de estaciones porque considera que incumple la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, el presidente Lambán se despacha en los medios de comunicación afiliados al Gobierno afirmando que «los recelos existentes se irán desvaneciendo con un esfuerzo de pedagogía», ninguneando el clamor social y científico y asegurando que se crearán más de 500 puestos de trabajo y que «solo generará impacto visual en el 8% del entorno».
IU Aragón, desde la oposición, es la formación que más claramente se ha posicionado en la defensa de la Canal Roya. Su portavoz en las Cortz d’Aragón -Cortes de Aragón-, Álvaro Sanz, ha exigido al presidente Lambán «más transparencia y menos pedagogía sobre la unión de estaciones de esquí» y, más allá de las fronteras de Aragón, su formación ha elevado sus quejas tanto al Parlamento español como al europeo, tal y como también ha hecho el partido independentista aragonés Puyalón.
Para rizar el rizo de la incompetencia administrativa, recientemente se ha conocido que la Diputación de Uesca, promotora inicial del actual proyecto, ha pedido una prórroga a la DGA «o poder destinar los fondos a otros usos, ante la más que previsible imposibilidad» de cumplimiento de plazos. Así, el gran proyecto de Lambán para destruir la Canal Roya, enmarcado dentro del Aragón Ski Circus, tiene poco de esquí y mucho de circo, pero del malo y sin pan, y nada bueno para Aragón.

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