Este medio publicó el pasado 5 de marzo que la abogada de un cargo público que había sido sancionado por la Comisión de Ética Pública contactó por email con quien denunció sus contratos irregulares, amenazándole con iniciar acciones legales si daba publicidad mediática al caso, y lo hizo con copia a la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi. Luego transcendió que el amenazado era el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño.

Desde entonces, este grupo parlamentario ha preguntado oficialmente a la presidenta de la Comisión y consejera de Gobernanza Pública, tanto por escrito como de forma oral ante el pleno del Parlamento, sobre esta ruptura del anonimato, sin obtener ninguna explicación, pese a que la propia Garamendi está directamente implicada en el caso, pues fue conocedora directa de los hechos por el email que le envió la abogada del alto cargo.

El último ejemplo ha sido el de la pregunta directa y concisa del parlamentario Josu Estarrona: «¿Una persona denunciada suele saber quién ha sido la denunciante? En caso afirmativo, ¿cuál es la razón?».

«Posición clara», pero secreta

La réplica de la consejera Garamendi, recibida en el Parlamento, ha sido la siguiente: «Como ya le indiqué en la respuesta a la pregunta por escrito 12\10\05\03\01906, formulada por usted mismo, así como en el Pleno del Control de 17 de marzo, la cuestión del anonimato es un asunto que ya se ha tratado en el seno de la Comisión, y la posición es clara».

La posición será clara, pero por tercera vez se ha ocultado al Parlamento. Garamendi aduce que «le recuerdo, nuevamente, que las personas que conformamos la Comisión de Ética Pública tenemos obligación de guardar secreto sobre los asuntos tratados en el seno de la misma, y que los acuerdos tienen carácter público y están accesibles en la página web habilitada al efecto». Pero en dicha web no hay acuerdo alguno sobre el anonimato.

Valoran ir a los tribunales

Este no es el único ejemplo de la falta de respuesta concreta de la consejera a peticiones de EH Bildu sobre la Comisión de Ética Pública. También pidió todos los informes elaborados por el Gobierno para la modificación de 2016 del Código Ético, donde se suavizaron las sanciones a los cargos públicos tras haber tenido que cesar a uno de ellos.

Sin remitir la documentación solicitada, la única respuesta ha sido la afirmación de que dicho cambio «partió de la reflexión llevada a cabo por la propia Comisión de Ética Pública y que quedó reflejada en su memoria de 2015, en el apartado 6 de “Conclusiones y Recomendaciones”». Unas veinte líneas de texto que reproduce en la respuesta y en las que la CEP propone la redacción de un documento consolidado que recoja las consideraciones emitidas en sus memorias.

Ante lo que consideran una falta de respeto institucional y un ejercicio de opacidad por parte de la consejera que, precisamente, tiene la responsabilidad de la transparencia del Gobierno, el grupo parlamentario de EH Bildu está valorando recurrir a los tribunales.