Trabajadores de Tubacex y de otras plantas de la comarca procesados tras las protestas durante la histórica huelga contra más de un centenar de despidos en las plantas alavesas encabezaron ayer una concurrida comparecencia ante los medios, en la que hicieron un llamamiento a activar la solidaridad con las personas afectadas. Siete personas, entre las que se encuentran trabajadores de la acería y de otras fábricas, se enfrentan a peticiones fiscales que suman más de 20 años de cárcel.

El próximo día 15 tendrá lugar el primero de estos juicios en Gasteiz. El denunciado es un trabajador de Tubacex para el que la Fiscalía pide 21 meses de prisión por su participación en las protestas que se desarrollaron frente a la fábrica de Laudio el 23 de febrero de 2021, explicaron ayer. También indicaron que la persona procesada tiene una lesión permanente en un brazo, provocada durante aquella detención. «La actuación de la Ertzaintza, si bien fue en general violenta en aquella jornada, se cebó especialmente con él ya por la tarde, cuando los momentos más duros de la protesta habían pasado», apuntaron sobre los hechos.

Otros tres jóvenes, trabajadores de otras empresas de Aiaraldea, se enfrentan a peticiones de prisiónde 4 años y 7 meses para cada uno de ellos, y dos trabajadores más de Tubacex están a la espera de fecha para ser juzgados.

DIFERENTES PETICIONES

«El primer juicio ligado a la represión de la huelga de Tubacex fue contra mí», y «no solo fui absuelta de todos los cargos, sino que la jueza puso en evidencia las mentiras de la Ertzaintza en una elocuente sentencia», explicó en primera persona Aintzane Mendia, trabajadora de Tubacex juzgada el pasado mes de diciembre, acusada de atentado contra la autoridad.

Durante la comparecencia, arropados por centenares de personas, los afectados se refirieron a «la diferencia entre las peticiones fiscales contra trabajadores de Tubacex y quienes no lo son». Teniendo en cuenta que se les imputan hechos de la misma naturaleza, destacaron que las penas son «exageradas» para quienes no son empleados de la acería, lo que atribuyen a «un intento por parte de la Ertzaintza de hacer pasar por válida su teoría de que los disturbios fueron provocados por personas ajenas a la huelga».

Denunciaron «el montaje policial» y la criminalización de quienes se solidarizaron con la huelga y subrayaron que «si hay personas encausadas que no son trabajadoras de Tubacex se debe a que la defensa del empleo fue algo que rebasó a la propia plantilla e involucró a toda la comarca».