«Facilitar y acelerar la ejecución» de los Fondos Europeos de Recuperación y activar los Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) regionales es a lo que urgió el consejero de Economía y Hacien- da de Lakua, Pedro Azpiazu, ya que sería un «error imperdonable que parte de ellos se queden sin ejecutar» y, además, «las empresas y agentes sociales nos reclaman agilizar la burocracia de los procesos administrativos y no podemos hacer oídos sordos».

Azpiazu compareció ayer ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Gasteiz para informar del estado de situación de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y sobre el MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), y su afectación en la CAV.

Según detalló, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han recibido un total de 1.657 millones de euros de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales, 1.048 (63,2%) son gestionados a través del Gobierno de Lakua y 609 (36,8%) directamente por el Estado.

Aseguró que los departamentos de Lakua están ejecutando los fondos asignados «con responsabilidad y eficacia, y se han intensificado las actuaciones del Gobierno para movilizar a los agentes privados, principalmente las empresas, en la captación de financiación y en el aprovechamiento de fondos».

«Año clave»

Tras insistir en que 2023 es «un año clave», recordó que «buena parte de los fondos tienen que quedar comprometidos para diciembre» y señaló que «de los 70.000 millones de euros de transferencias asignados inicialmente a España, alrededor de la mitad están pendientes de recibir y, de los que ya se han recibido, buena parte están, todavía, pendientes de aterrizar definitivamente en el tejido social, institucional y productivo».

Azpiazu señaló que «queda mucho recorrido en la ejecución de los fondos» y calificó de necesario «repensar las cláusulas de los procedimientos de subvención para evitar requisitos superfluos, flexibilizar al máximo los plazos y minimizar al máximo los trámites». «Todo ello, lógicamente, cumpliendo la legalidad y siendo exquisitamente estrictos en el control de los fondos públicos», insistió.

Los datos, a 30 de abril del 2023, indican que de los 22.408 millones de euros distribuidos a las comunidades autónomas para el periodo 2021-23, vía conferencia sectorial o concesión directa, a la CAV se le han asignado un total de 1.048 millones de euros, que son el 4,67% del total de los fondos asignados. Del total, han llegado a la Tesorería General de Lakua 911 millones de euros, el 87%.

El Ejecutivo de Lakua ha asignado a las diputaciones 121 millones de euros y a los ayuntamientos, 93 millones de euros. En total se han repartido 214 millones de euros de los 1.048 distribuidos para que los gestionen directamente estas instituciones.

Además, ha lanzado un total de 154 convocatorias de subvenciones destinadas a colectivos diversos, con un volumen total de inversión a movilizar de 590 millones de euros. Se han licitado 198 contratos con una dotación de 94 millones de euros y se han realizado 12 encargos a medios propios por un valor de 23 millones de euros.

El consejero avanzó que en el segundo semestre de 2023 está previsto lanzar 30 nuevas convocatorias de subvenciones; 49 licitaciones de contratación pública y 9 encargos a medios propios que movilizarán otros 179 millones de euros adicionales.

Respecto a la ejecución, informó de que de los 911 millones de euros ingresados en la Tesorería de Lakua, a 30 de abril de 2023 se han movilizado el 78% (707 millones).

La Ley del Instituto Vasco de Finanzas inicia su tramitación

El consejero de Economía y Hacienda de Lakua presentó ayer en el Parlamento de Gasteiz la Ley del Instituto Vasco de Finanzas, que inicia su tramitación con el objetivo de «adaptar su regulación a la nueva realidad económica y normativa vasca», como instrumento de la política financiera y de crédito público de las entidades del sector público de la CAV, ya que «la creciente sofisticación del mercado financiero» requiere de «una mayor especialización».

Respecto al contenido, aseguró que no es un proyecto «rompedor, sino continuista, ya que únicamente se pretende una reordenación de la atribución de funciones hecha al Instituto en la disposición legal que procedió a su creación» en 2007 y reiteró que «no va a suponer una reestructuración». GARA