La consejera de Salud del Gobierno de Lakua, Gotzone Sagardui, adelantó ayer que los servicios jurídicos de su departamento están estudiando la legalidad de la intención del Ministerio español de Sanidad de establecer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios.

Sagardui analizó la situación en una comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Lakua, después de que a última hora del lunes el Ministerio español anunciase esta medida pese a la oposición que la mayoría de comunidades mostró en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud.

La consejera de Lakua cuestionó tanto las formas como el fondo de la decisión del Ministerio y dejó claro que el Gobierno de Urkullu está en contra de que la medida sea obligatoria y que apuesta a favor de que sea recomendable, y así se lo trasladará al Ejecutivo español en las alegaciones que presentará a su propuesta.

«Las cosas no se hacen así», advirtió Sagardui, quien a pesar de lamentar la manera de actuar de Madrid y de que no existe un informe que avale la medida dejó claro que su departamento «quiere buscar soluciones» a través de las aportaciones, en las que también se opondrá a la posibilidad de poner en marcha planes de contingencia, ya que la CAV ya cuenta con ellos, y a las bajas automáticas.

«MEJOR QUE MURCIA»

El argumento del Gobierno de Lakua es que la situación epidemiológica de las comunidades y la situación de sus servicios sanitarios es distinta, por lo que las medidas uniformes no son efectivas, del mismo modo que considera que tampoco lo es para evitar la propagación de los virus usar la mascarilla en los centros sanitarios.

En este sentido, recordó que la última semana de diciembre la incidencia de la gripe en la CAV fue de 550 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Catalunya era de 850 casos, en el País Valencià de 900 y en Murcia de 1.200.

Además, agregó que la medida supone introducir «inseguridad jurídica» porque no habla de obligatoriedad sino de uso universal, lo cual es «un término ambiguo». Por ello, además de que considera que afecta a competencias de Lakua, decidió analizar la legalidad de la medida.