El mismo día en el que la Comisión Nacional española del Mercado de Valores informaba de que Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.803 millones en el año 2023, lo que representa un incremento del 10,7% con respecto al ejercicio anterior, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, cargó contra el gravamen a las ganancias eléctricas y otros impuestos.

Las inversiones brutas de la energética radicada en Bilbo alcanzaron también la cifra récord de 11.382 millones de euros, con un crecimiento del 6,0% frente a 2022, habiendo instalado más de 3.250 megavatios (MW) renovables en 2023, sumando una capacidad instalada total de 42.187 MW en todo el mundo.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 9,0% en 2023, hasta los 14.417 millones de euros. Además, el grupo completó su plan de rotación de activos con el reciente cierre de la transacción en México y la entrada esperada de caja en los siguientes días de unos 6.000 millones de dólares, además de las alianzas internacionales con Norges Bank, Masdar y GIC.

Pese a las cifras de récord obtenidas por Iberdrola, su presidente cargó contra «la gran cantidad de impuestos diferentes que existe en España», con casi 40 tributos distintos, e insistió en que mantener el gravamen extraordinario del Gobierno sobre las ganancias de las energéticas «no tiene ningún sentido».

En una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2023, Galán señaló que esta situación «no tiene comparación con nada de lo que hace el resto del mundo» y que el Estado español debería «estar totalmente en línea con el resto de los países europeos y con otras naciones de fuera de la Unión Europea, puesto que queremos hacer que este país sea totalmente atractivo».

Asimismo, recordó que este gravamen especial, que nació con la naturaleza de «temporal» para hacer frente a la crisis por la guerra de Ucrania y que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar ya anunció su intención de prolongarlo aunque suavizándolo incluyendo en los Presupuestos incentivos a la reinversión, ya está en los tribunales.

«En todo caso, creo que es algo que no tiene ninguna lógica», insistió el presidente de Iberdrola.