Martxelo DÍAZ
1981

Un jornalero andaluz muere durante una huelga de hambre

Una protesta del SOC en la provincia de Sevilla.
Una protesta del SOC en la provincia de Sevilla. (SAT)

El 27 de abril de 1981 fue enterrado en la localidad malagueña de Teba Rafael Hoyos Herrera, de 50 años. Unas 5.000 personas asistieron al sepelio, más que el censo del municipio. Falleció la víspera en la iglesia del pueblo, durante una huelga de hambre en la que participaban 400 personas para denunciar que el dinero que se destinaba a las ayudas de los trabajadores del campo andaluz era insuficiente. La huelga de hambre fue impulsada por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y se extendió por varias zonas de Andalucía.

La información de “Egin” destacaba que había varios huelguistas de hambre más que tuvieron que ser hospitalizados en centros sanitarios de Sevilla. A los hospitales se acercaron el parlamentario foral Iñaki Aldekoa y el diputado [miembro del Ejecutivo de la Diputación Foral navarra] Ángel García de Dios, ambos de HB, que también acudieron a las localidades de Marinaleda y Villamartín, los epicentros de la huelga. Las autoridades impidieron el encuentro de la delegación de la izquierda abertzale con Francisco Casero, huelguista del SOC hospitalizado. Únicamente les permitieron entregar una nota de solidaridad. Esta muestra de cercanía, sin embargo, logró extenderse a los ayuntamientos de Euskal Herria, a los que HB llevó mociones de apoyo a los huelguistas andaluces.

El SOC se fundó en Antequera en 1976, acogiendo las luchas por la tierra en Andalucía que llevaban ya germinando mediante comisiones de jornaleros a nivel de pueblos y comarcas, que eran el embrión de la organización campesina tras el franquismo.

De hecho, fue el primer sindicato legalizado en Andalucía. Consta con el número 1 en el Registro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Su primer congreso se celebró en septiembre de 1977 en Morón de la Frontera y esta considerado como el primer congreso del sindicalismo agrario andaluz desde 1936. A ese primer congreso acudieron delegaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (en el punto de mira de la represión pinochetista), la OLP (el referente de la lucha por la liberación de Palestina en esos momentos) y del Frente Polisario saharaui. En 2007 se integró en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Mientras en Andalucía prendía la huelga de hambre, Diamantino García, cura obrero y uno de los fundadores del SOC junto con Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, comparecía en Madrid para explicar cuáles eran las reivindicaciones de los jornaleros de su tierra. Diamantino renunció a su sueldo como sacerdote al ver que gran parte de la localidad de Los Corrales tenía que emigrar cada año a Nafarroa para la recogida del espárrago, dado el desempleo masivo y el latifundio que castigaban la tierra.

DIAMANTINO GARCÍA

«La huelga de hambre es una medida pacífica de presión para denunciar una situación violenta de miseria con tres objetivos: la sensibilización de la opinión pública sobre el sufrimiento de los jornaleros andaluces, que el Gobierno y la Administración abandonen la política de alta corte y solucionen el problema del paro en el campo andaluz y que fuerzas políticas y asociaciones pro derechos humanos unan sus fuerzas para sacar de la desesperación a casi cien mil familias», explicó Diamantino García.

«Nos conformaríamos con que el Gobierno hiciera una declaración formal de que va a reunirse con la Junta [de Andalucía] y los sindicatos y conocer a fondo el problema del paro y va a estudiar una serie de medidas», agregó el presidente del SOC.

Entre estas medidas que reclamaban desde el SOC se encontraba el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en el campo andaluz; la prohibición de arrancar olivos; el control con un decreto-ley de «la mecanización productiva y antisocial, que no reduzca puestos de trabajo»; la anticipación de la jubilación de los jornaleros; el aprovechamiento de 2.300 millones de metros cúbicos de agua que se desperdician por falta de planificación y que convertirían en regadíos 45.000 hectáreas.

La Asociación pro-Derechos Humanos destacaba, por su parte, que «la situación de las 90.000 familias jornaleras andaluzas sin trabajo, sin ahorros y sin crédito en los comercios es una injustitica irritante que requiere soluciones en el campo andaluz; los Fondos de Empleo Comunitario son un tratamiento antisocial e insuficiente del paro agrario andaluz porque provocan desmoralización al condenar a la inactividad».

43 años después, la lucha del campo andaluz sigue en pie. En Marinaleda, una de las localidades referenciales de este movimiento, viven bajo la amenaza de que la finca de El Humoso, perteneciente al Duque del Infantado y bajo control de las cooperativas tras duras luchas y ocupaciones en la década de 1990, sea vendida. Una muestra evidente de que la lucha por unas condiciones de vida dignas por parte del campesinado andaluz no es cosa del pasado.



[2011] La CEN confirma el fin del «impuesto revolucionario» de ETA

Un 28 de abril de 2011, el presidente de la Confederación de Empresarios de Nafarroa (CEN), José Antonio Sarría, compareció ante los medios de comunicación para comunicar que habían recibido una carta de ETA en la que se señalaba que se ponía fin al cobro del «impuesto revolucionario» con el que se había financiado desde hacía cuatro décadas. Esta misma carta fue enviada también a GARA, que la publicó al día siguiente, en euskara y castellano. Junto a ello, Confebask confirmaba que había recibido también misivas similares.

De este modo, Sarriá confirmaba lo que ya era una sospecha en distintos ámbitos, ya que se llevaban meses sin que los empresarios recibiesen cartas con peticiones económicas con el membrete de ETA. En esa época, además, la organización armada había anunciado que se encontraba en un alto el fuego permanente, general y verificable.

El Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba se negaba en redondo a realizar cualquier clase de verificación del alto el fuego.