El «racismo institucional» y, en concreto, la persistencia de actuaciones policiales con carácter racista quedan reflejados en el informe anual presentado ayer por la Federación SOS Racismo del Estado español. Esta violencia policial se plasma con dos casos específicos detallados: uno en Catalunya y otro en Nafarroa.

En este último, el informe recoge que un joven estaba facilitando un registro policial pero, al preguntar el motivo de esta actuación, fue golpeado por la Policía (no se concreta de qué cuerpo se trató).

«Cuando el joven se sube la camiseta para mostrar que no tiene ningún objeto, el agente golpea su cabeza contra un tubo de desagüe», explica el documento. «Inmediatamente, otro policía le vuelve a cachear con mucha fuerza mientras otro policía le empuja contra la pared. Enseguida, dos policías más le cogen por los brazos e intentan derribarlo, mientras llega otro policía y en ese intento todos caen al suelo», continúa el relato.

«Una vez en el suelo, le ponen boca abajo con las manos detrás de la espalda y la rodilla de uno de ellos en el cuello, de tal de tal manera que no puede respirar debido a la presión. Refiere que él grita mucho del dolor porque le están causando mucho daño físico. Después le meten con violencia en el coche patrulla y le trasladan a comisaría».

Por otra parte, el informe de SOS Racismo apunta que a lo largo de 2023 se recogieron un total de 569 denuncias relacionadas con incidentes racistas o discriminatorios.

Los casos relacionados con el racismo institucional ocupan el 34% del total (215 casos), seguidos por los casos referidos a conflictos y agresiones racistas, que suponen el 19% (117 casos).

A estos casos hay que añadir 87 de denegación de acceso a prestaciones y servicios privados (14%) y 79 de denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (13%), lo que evidencia un escenario en el que «tanto lo público como lo privado limitan el acceso de las personas racializadas a servicios y prestaciones que deberían estar disponibles para todas las personas sin discriminación alguna».

La Federación SOS Racismo señala que una de las preocupaciones más importantes, por lo que suponen de termómetro de la convivencia, son los conflictos y agresiones racistas tanto en el espacio público (60 casos), entre vecinos (23 casos) así como en otros ámbitos (34 casos), como por ejemplo en viviendas particulares, salones de juegos o espacios privados.

Unas cifras que, en palabras de Elena Stasi, la autora del informe, «muestran el efecto en el día a día de los discursos que aparecen en la esfera política, mediática y redes sociales». «Un efecto -detalla Stasi- que normaliza la discriminación y el racismo hacia las personas racializadas en nuestro país y que debemos confrontar si queremos revertir la situación actual».

RACISMO POLICIAL

El informe incluye un capítulo monotemático centrado en el análisis del racismo policial, que supone el 83% de los 215 casos de racismo institucional, lo cual, desde el punto de vista de SOS Racismo, «merece una reflexión como sociedad, en la medida que los casos se repiten en todos los territorios implicados en este informe».