El Ejecutivo de Países Bajos, en el que la extrema derecha tiene mayoría, publicó ayer su esperado programa de gobierno, que promete «mano dura» con el asilo, buscando declarar una situación de «crisis» que le permita sortear al Congreso para suspender temporalmente determinados apartados de la Ley de Extranjería, con vistas a congelar las solicitudes que se tramitan y poder deportar a cualquier persona que no tenga permiso de residencia.

Entre las medidas más drásticas que pretende imponer el Ejecutivo liderado por el primer ministro sin afiliación política Dick Schoof, están la derogación de una «ley de distribución» -que obliga a los municipios a crear lugares de acogida para los solicitantes de asilo- y el endurecimiento de las normas sobre reagrupación familiar.

El programa subraya que la inmigración es «el principal factor» detrás del crecimiento de la población en Países Bajos y los cambios demográficos «ejercen una enorme presión sobre el mercado inmobiliario, la atención médica y la educación, además de influir en la cohesión social y la seguridad» nacional.

En el documento, la coalición habla de la adopción de «los primeros pasos hacia el régimen de asilo más estricto jamás implementado» en el país, para «reducir la entrada de solicitantes de asilo» y convertir Países Bajos en uno de los Estados «con las reglas de admisión más estrictas» de la Unión Europea. El texto mantiene la línea de lo prometido en marzo por el líder ultraderechista Geert Wilders, que renunció a convertirse en jefe del Gobierno pese a su victoria en las elecciones legislativas del año pasado.

El primer paso será la suspensión de parte de la Ley de Extranjería para tomar medidas de emergencia que permitan eliminar el permiso de asilo por tiempo indefinido, ampliar la declaración de no admisibilidad a más casos de delitos y eliminar la reunificación familiar para hijos adultos.

Además, iniciará un proceso para declarar oficialmente una «crisis de asilo» durante dos años para suspender el procesamiento de solicitudes de asilo, limitar la acogida y «expulsar, incluso de manera forzada, a personas sin residencia» legal.

«El Gobierno informará lo antes posible en Bruselas de que Países Bajos desea una exclusión de la legislación europea de asilo y migración», advierte el Gobierno neerlandés, que liderará en Europa los llamamientos para modificar la directiva de retorno de extranjeros. Para eso, asegura que colaborará con los Estados que comparten su visión para «poder actuar de manera adecuada en tiempos de crisis migratoria» y formar lo que llama un «mini-Schengen».

Además del capítulo migratorio, el Ejecutivo neerlandés afirma en su programa querer dar «perspectiva» a los empresarios, en particular a los agricultores y pescadores, que se habían opuesto firmemente a las medidas del Gobierno anterior en materia de emisiones de nitrógeno. También promete intensificar la extracción de gas en el mar del Norte y planea la construcción de dos centrales nucleares más.

Los planes se concretaron tras acalorados debates en el seno de la coalición de Gobierno investido en julio, que reúne al ultra PVV, el procampesino BBB, el liberal VVD y el nuevo partido anticorrupción NSC.