La consejera de Educación de Lakua, Begoña Pedrosa, compareció ayer en el Parlamento para desgranar las líneas de actuación de su Departamento en un contexto marcado por la aprobación, el curso pasado, de la Ley de Educación, que dejó un sabor agrio por el final abrupto de una negociación que había durado tres años. La ley salió finalmente adelante con el único voto favorable de los socios de Gobierno y el rechazo del resto de la Cámara y también de amplios sectores de la comunidad educativa.

En este escenario, Pedrosa resumió la acción del Departamento en tres grandes retos: La mejora educativa en todos los niveles educativos de la enseñanza; el desarrollo reglamentario de la Ley de Educación y de las 43 actuaciones recogidas en el Acuerdo de Educación aprobado en abril de 2022 -en este caso sí, por muy amplia mayoría-; y la transformación organizativa y pedagógica en un contexto de continuos y significativos cambios sociodemográficos.

Entre las iniciativas prioritarias, mencionó el desarrollo del Plan Estratégico de la Escuela Pública Vasca y el impulso de planes estratégicos cuatrienales. También citó como prioridad acometer una inversión «de impacto» en infraestructuras. «Queremos invertir 800 millones en nuevas infraestructuras y reformulación de espacios en los próximos años», adelantó. Dijo además que prevé profundizar en la autonomía de los centros públicos, reforzar el liderazgo pedagógico de las direcciones e impulsar la función pedagógica de los comedores escolares.

PACTO CONTRA LA SEGREGACIÓN

Asimismo, y siguiendo la estela de lo expuesto por los agentes educativos en las negociaciones del pacto y la Ley de Educación, la consejera puso el foco en la necesidad de desarrollar un pacto social para abordar la segregación escolar, un reto «muy grande» que, opinó, hay que abordar «con valentía».

Señaló que uno de sus objetivos es avanzar hacia una educación inclusiva que garantice la igualdad, la cohesión y el bienestar de todo el alumnado en un momento en el que crece la presencia de estudiantes de otros países. El sistema educativo, afirmó, no puede dejar «a nadie atrás».

En el ámbito lingüístico, aseguró que se fomentará el uso del euskara en contextos «formales e informales», pero añadió que se trabajará con los centros para que desarrollen proyectos plurilingües teniendo en cuenta la realidad sociolingüística de la zona. La titular de Educación sostuvo que la diversidad de contextos y variables que se observa en los centros de modelo D exigen respuestas educativas alternativas, por lo que, opinó, hay que potenciar metodologías eficaces para enseñar lengua.

EH BILDU: VOLVER AL CONSENSO

Precisamente, el mantenimiento de los modelos lingüísticos en la nueva ley, aun cuando se han mostrado incapaces de garantizar la euskaldunización del alumnado, fue uno de los motivos de ruptura entre la Consejería liderada entonces por Jokin Bildarratz y EH Bildu. Ayer, la coalición pidió a la consejera que el Gobierno vuelva a los consensos del Acuerdo Educativo previo a la ley, que fue aprobado con el apoyo del 90% de la Cámara.

El parlamentario Ikoitz Arrese declaró que la Ley aprobada por PNV y PSE fue «una oportunidad perdida» e insistió en la importancia de regresar a los consensos del pacto y de «avanzar en sus contenidos». Aquel primer acuerdo, suscrito por casi todos los grupos, «es el mayor instrumento para hacer la transformación que nuestro sistema educativo necesita, desde la cooperación y el consenso», defendió.

«EH Bildu está en el Acuerdo Educativo, en las formas y en los contenidos», enfatizó y valoró las palabras de la consejera en ese mismo sentido, confiando en que eso suponga «una enmienda a las actitudes del Gobierno en la fase final de la pasada legislatura».