El Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia ha acordado la apertura de juicio oral contra un empresario guipuzcoano acusado de contratar ilegalmente a ocho inmigrantes colombianos, cinco de ellos hombres y tres mujeres.

La Fiscalía reclama tres años de cárcel para el procesado, al que responsabiliza de explotar presuntamente a estas personas en una nave de Astigarraga aprovechando su «situación de necesidad».

La Tesorería de la Seguridad Social, también personada en este procedimiento, pide para el procesado penas de entre tres y seis años de prisión como responsable de distintos delitos contra los derechos de los trabajadores, aunque a su entender los hechos también podrían ser constitutivos de infracciones en el orden social y en materia de extranjería.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el letrado Juan E. Álvarez Fanjul en representación de los trabajadores, solicita una pena de nueve años de cárcel por cada uno de los ocho afectados con la aplicación de las agravantes de alevosía, abuso de superioridad y de género, hasta sumar un total de 72 años de prisión por el conjunto de todos ellos.

En un auto al que tuvo acceso Efe, el Juzgado ha designado a la Audiencia de Gipuzkoa como órgano competente para juzgar esta causa.

Según el escrito, los hechos se iniciaron en mayo de 2019, fecha a partir de la que el empresario ofreció trabajo por separado a los afectados «siendo conocedor de que carecían de permiso de residencia y de permiso de trabajo».

El texto recoge que el empresario «nunca tuvo intención de cumplir los compromisos alcanzados verbalmente con los perjudicados» y «de hecho nunca los cumplió».

Destaca, asimismo, que los trabajadores desarrollaron sus labores «bajo la creencia ficticia» de que el empresario «regularizaría tanto su situación laboral como la personal, dado que así se lo había transmitido a cada uno de ellos».

En algunos de estos casos, se había comprometido a buscarles un piso para residir y a pagarles los billetes de avión, si bien varios de ellos residían «sin las adecuadas medidas de higiene y seguridad» en la misma nave de Astigarraga en la que trabajaban.

INSULTOS

El documento de la Fiscalía precisa que alguno de los afectados habría llegado a desarrollar «jornadas de trabajo de hasta 14 horas y recibió varios insultos», tales como «cerdo sudoríparo» y «mongo retrasado», mientras que a una de las mujeres le llamaba «lenta» y «corta» y le aseguraba que la iba a mandar «de vuelta a Colombia».