La batalla decisiva contra la Ley Mordaza de 2015 acaba de comenzar, tras los anteriores intentos frustrados. Y si bien el campo de juego principal serán las Cortes españolas, en Euskal Herria habrá otro escenario muy a tener en cuenta: la Ertzaintza, que ha hecho uso y abuso de esa norma pese al acuerdo del Parlamento de Gasteiz que instaba a no emplearla.

Según datos de 2023, la Policía autonómica a las órdenes del Gobierno de Lakua recurría a la polémica ley del Ejecutivo Rajoy, especialmente para imponer multas, 16 veces al día. Ello dejaba en papel mojado el consenso parlamentario alcanzado ya en 2016.

Aquel acuerdo fue suscrito por EH Bildu, PSE y también PNV, pero el Ejecutivo que han conformado estos dos últimos partidos en la era de Iñigo Urkullu no ha dudado en explotar las opciones de la Ley Mordaza contra todo tipo de protestas políticas, sociales y sindicales. «Es la normativa que se encuentra en vigor», argumentó para ello la entonces consejera Estefanía Beltrán de Heredia en 2020.

La decisión del PNV de poner su firma en el registro de la proposición pactada por EH Bildu con el Gobierno Sánchez debe entenderse como una rectificación sobre esa práctica sostenida casi una década, y más aún teniendo en cuenta que otros grupos contrarios en teoría a la Ley Mordaza han evitado hacerlo (Podemos y Junts). Aitor Esteban ha reclamado incluso su paternidad afirmando que es similar a lo que el grupo jeltzale propuso en 2017.

CRÍTICAS Y AMENAZAS

Ahora bien, los sindicatos de la Ertzaintza no parecen dispuestos a virar del mismo modo y ya están criticando este proyecto de nueva ley, más garantista de las libertades ciudadanas y con muchos menos resquicios para abusos policiales.

Ponen el foco sobre todo en la cuestión de las multas, no tanto en la defensa de las pelotas de goma que acapara la atención de los grupos policiales estatales. Así, ErNE se queja sobre todo de que la negativa a identificarse «va a ser solo falta leve» y los insultos a los agentes del orden podrán solventarse con una petición de excusas, lo que afirma que complicará mucho la acción policial. EH Bildu, por contra, recuerda que con esta Ley Mordaza se han castigado desde camisetas a pins, e incluso miradas que un agente considerara despectivas.

Esan, por su parte, ve una «mala noticia» en la reforma en marcha porque «flexibilizará la posibilidad de insultar sin consecuencias» y «aumentará la impunidad del delincuente». Sipe añade que «nos dejará desamparados, será un desastre».

Estas reacciones conllevan también su habitual amenaza implícita. Así, Euspel dice que será peor para los manifestantes porque hasta ahora se les podía multar y ahora habrá que detenerlos. Una línea discursiva similar a la de sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía española, que dicen considerar que habrá más lesionados en «lucha cuerpo a cuerpo» que los que provocan los actuales lanzamientos de pelotas de goma.

«LA LETRA PEQUEÑA»

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tendrá que lidiar con este tipo de resistencias, en un momento en que trata de encarrilar la negociación sobre demandas salariales de los diferentes representantes de la Ertzaintza, incluido el colectivo asindical Ertzainas en Lucha, con el que también se ha abierto interlocución.

En el acto del 40 aniversario de la Brigada Móvil celebrado el sábado, Zupiria optó por ser muy cauto ante la nueva ley que se ha lanzado en Madrid. Manifestó que habrá que mirar «la letra pequeña» y evocó el «principio democrático de autoridad». Algo que realmente ya había hecho también Aitor Esteban en la comparecencia del jueves, donde dijo que este debe quedar «afirmado» porque «es la clave del orden público».