Inés Soria es la nueva asesora de prisiones del Gobierno de Lakua, en sustitución de Jaime Tapia, y una de sus primeras comparecencias se produjo ayer, en unas jornadas de la AVT en Donostia. En la misma mesa estuvo Carlos García Berro, fiscal de la Audiencia Nacional española. Ambos detallaron en base a qué criterios se adoptan las decisiones sobre los presos condenados en relación con ETA y, pese al esfuerzo pedagógico, no fue una sesión cómoda. «Veo caras de escepticismo», admitió el fiscal en un momento de su intervención.

Fue cuando estaba explicando que «con otro tipo de presos, yo me fijo mucho en los requisitos ambientales, socioeconómicos, pero en estos no se da ese problema, porque no provienen de ámbitos desestructurados, ni de un espacio delincuencial ni hay un problema de extranjería... Tampoco suele haber problemas laborales porque cuentan con ofertas, el riesgo de reincidencia está calificado como bajo porque la actividad no está activa…». Al fiscal se le había planteado, en tono de reproche, por qué no se habían recurrido desde el Ministerio Público algunas de las últimas progresiones.

A partir de ahí, «tenemos que ir a los signos inequívocos, a los requisitos legalmente establecidos». Y asumió que «cuando uno se desvincula y pide perdón, no hay manera de saber si es consecuencia de un arrepentimiento sincero fruto de un proceso de reinserción o no. Solo puedes intuirlo». Con ello coincidió Soria, que llega al Departamento de Justicia del Gobierno de Lakua desde los juzgados de Bilbo y Barakaldo: «Es imposible saber la intención».

Con todo, tanto García Berro como Soria dejaron claro que a estos presos en concreto se les aplican requisitos especiales. El fiscal dijo que el tratamiento abarca «la desvinculación, el arrepentimiento y el perdón». Y la asesora incluyó una referencia a la «colaboración». Como resumen, Soria explicó que «exigimos ese plus porque guarda profunda relación con el daño que se ha causado. Requiere un plus que no se da para otros condenados: ese hecho no se tenía que haber cometido, y no nos vale un pero».

La responsable del área ahora asumida por el PSE hizo una introducción dura, quizás especialmente consciente del auditorio al que se dirigía: «La reinserción no es el único fin, hay que equilibrar el fin retributivo o de sanción con la finalidad rehabilitadora -dijo-. Es nuestra obligación trabajar para que el tiempo de la condena sirva para algo, que se haya podido producir una transformación en la persona. Tiene que poner de su parte. Tenemos que conseguir que no vuelva a delinquir. Tiene que haber reconocimiento del hecho y asunción de la responsabilidad. Y para la víctima, dar un sentido a su dolor si es posible».

¿Cómo se articula eso? «Valoramos toda la evolución personal del penado, todas las circunstancias -detalló-. Es un tratamiento individualizado, intervienen muchas personas. Y una evaluación cada seis meses, en la que puede progresar o ir hacia atrás. Hay quienes quieren someterse a este tratamiento y quienes no y, por tanto, cumplirán íntegramente la condena». «No hay derecho a la progresión, hay derecho al tratamiento», remachó al respecto Soria.

En consecuencia, desde el público se le planteó un interrogante muy directo: si podía garantizar que «no todos los presos de ETA van a obtener el tercer grado». Respondió así: «No van a obtener el tercer grado aquellos terroristas que no sigan un tratamiento y realicen una evolución, no tienen derecho. Una cosa distinta es si a todos nos parece suficiente esa evolución...».

En términos similares se expresó el fiscal. Ante otra pregunta de carácter semejante, indicó que no se han recurrido los últimos cinco casos de progresión simplemente «porque se cumplen los requisitos. Luego estará la sensación personal de cada uno, de si le parece bien o le parece mal».

Según los datos de la AVT, ante los que asintieron los contertulios, se han producido 85 progresiones de grado para 67 de estos presos desde que Lakua asumió la competencia en 2021, de las que el 30% han sido recurridas y el 20% revocadas.

LAS CARTAS, QUÉ Y CÓMO

A las víctimas reunidas en la sesión les interesó mucho la cuestión de las cartas exigidas a estos prisioneros y prisioneras. Parecen ver en ello un signo insuficiente. Soria y García Berro insistieron en que este solo es un elemento de valoración y que la «evolución» se analiza en conjunto («es un todo») y, además, «con total rigor». «No nos serviría una carta que diga lo que diga si no va acompañada de su conducta global: implicación, actitud para el cumplimiento del tratamiento penitenciario… tiene que haber una coherencia», dijo la jueza.

La AVT afirma que en su día estos escritos eran «cartas-tipo, estereotipadas». Ahora «son de puño y letra, escritas en castellano», confirmaron los dos responsables jurídicos. A partir de ahí, su valoración es compleja, reiteraron.

En palabras de Soria, «no soy experta, evidentemente, pero en algunas cartas en una simple lectura ya veías que había peros... y entonces rechazamos esa progresión de grado y pedimos que se siga trabajando con el interno». Cuando se aprueba el tercer grado es porque «ese cambio existe», insistió: «Las resoluciones son motivadas».

Otras víctimas se quejan de que no tienen conocimiento de esas cartas, un asunto en el que el fiscal cree que «tenemos que seguir trabajando: qué se comunica a las víctimas y cuándo. Es cierto que un perdón es a medias si no llega a las víctimas. Hay que encontrar la manera, probablemente por una petición expresa del preso, para que les lleguen. Y luego habrá quien no quiera siquiera abrirla, quien la considerará positiva... Cada víctima es libre de hacer con sus sentimientos lo que pueda».

Tras algún momento complicado, la sesión acabó en buen tono y aplausos. Entre medio, el fiscal había dejado este apunte: «No nos compete como institución pública entrar en la lucha por el relato. El Ministerio Fiscal no hace política, eso corresponde a los democráticamente elegidos».