Uno de los carteles que más se ha visto durante toda la campaña electoral republicana ha sido el que reclamaba una «deportación masiva ahora» (Mass Deportation Now).

Mientras tanto, desde el escenario de sus mítines, el candidato y ahora presidente electo, Donald Trump, ha coreado una y otra vez «drill, drill, drill» (perfora, perfora, perfora, con otra versión, «perfora, baby, perfora»). Su planteamiento enérgetico apuesta por los fósiles y por «revertir todas las políticas de [Joe] Biden que están brutalizando a los trabajadores estadounidenses de la automoción».

Se refiere a las regulaciones impuestas a los fabricantes de coches para que cumplan con algunos estándares de emisiones, a la vez que promueve la producción de vehículos eléctricos. Así, terminando con el «engaño verde», Trump promete reducir el coste energético de los estadounidenses a la mitad.

Ya el día después de las elecciones, Jason Miller, su asesor principal, dijo que la primera tarea serán acciones ejecutivas para «volver a perforar y restablecer las políticas fronterizas de la era Trump». Concretó que «simplemente se trata deactivar el interruptor y volver a implementar todas las políticas fronterizas seguras que teníamos en marcha con el presidente Trump. No necesitan una ley del Congreso», aseguró Miller en una entrevista en la televisión NBC.

EN SPRINGFIELD, PARA «SALVAR A SUS PERROS Y GATOS».

Donald Trump ya anunció que «vamos a tener la deportación más grande en la historia de nuestro país y vamos a comenzar con Springfield», en referencia al municipio de Ohio en el que denunció que los haitianos se comían a perros y gatos. Una comunidad, por cierto, que llegó legalmente al país y tiene los papeles en regla; sin embargo, Trump indicó que revocará el permiso y los visados otorgados por la Administración Biden y que han ayudado a revitalizar estas zonas en declive industrial.

Es lo que han votado 71 millones de estadounidenses: que las personas que están construyendo sus casas, reparando sus hogares, trabajando en la agricultura, en la limpieza y en otros servicios en hoteles, moteles o restaurantes sean expulsadas del país. Doce millones de personas, según las estadísticas oficiales; muchos más según Trump, quien durante la campaña no se ha cansado de repetir que hay «30 millones de ilegales» que hay que expulsar del país.

La tarea, además de ser un abuso extremo de los derechos humanos, tendría un costo de miles de millones de dólares (y resultaría un enorme negocio para las empresas privadas subcontratadas en cada fase de la política anti-inmigración). Pero si los planes en el primer mandato de Trump pecaron de improvisación, esta vez la propuesta está mucho más desarrollada, con varias órdenes ejecutivas ya preparadas para ser firmadas el primer día de mandato.

Incluye, entre otras medidas, retirar la financiación federal a los municipios que se nieguen a que sus policías locales colaboren con el programa de deportación: ciudades santuario como Nueva York o Chicago o el estado de California, entre otros.

El vicepresidente electo, JD Vance, calcula que se deportará a un millón de personas al año. Pero ello requeriría, según los organismos de defensa de los inmigrantes, multiplicar por 24 «la capacidad de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) actualmente de unas 44.000 personas. Advierten de que el proyecto será «inhumano, y supondrá separar familias y devastar comunidades enteras».

Las encuestas a pie de urna de Edison Research mostraron que el 39% de los votantes defiende que la mayoría de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en EEUU deberían ser deportados, mientras que el 56% dijo que se les debería permitir solicitar un estatus legal. La histórica organización de derechos civiles ACLU ya ha puesto en marcha un equipo de abogados para recurrir las medidas de Trump, como hizo en 2019 con la separación de menores de sus progenitores.

Trump también estaría planteando echar mano de una norma de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar rápidamente a miembros de pandillas. Según el Brennan Center for Justice, esta norma solo se ha usado tres veces; la última, en la II Guerra Mundial para justificar el internamiento en campos de miles de personas de origen japonés, alemán e italiano.

El magnate anunció que el primer día de mandato firmará una orden ejecutiva para que las agencias federales no den automáticamente la nacionalidad a los hijos e hijas de inmigrantes sin papeles que nazcan en EEUU. La enmienda 14 de la Constitución reconoce el derecho a la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense.

Otra de las medidas anunciadas es que despedirá de inmediato al fiscal especial Jack Smith, quien ya habría ordenado cerrar las causas contra él, ya que no se puede enjuiciar a un presidente.