Responsables forales de Bizkaia y Gipuzkoa trataron ayer de aplacar el mensaje alarmista que propagó la propia Diputación vizcaina al informar de que había declarado la «situación de excepcionalidad» en la red de acogida de menores extranjeros alimentando el discurso de la ultraderecha. Ambas instituciones insistieron en reclamar del Gobierno español un plan de reparto «ordenado, estructural y permanente», a lo que su delegada en la CAV dijo que será posible con la reforma de la Ley de Extranjería.

Después de que la portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, hablara de que la red de acogimiento «ha colapsado», lo que les obligaba a declarar la «situación de excepcionalidad», la titular de Acción Social, la jeltzale Amaia Antxustegi, se vio obligada a rebajar la gravedad.

En una entrevista en Radio Euskadi, Antxustegi señaló que el «problema» es un reparto de menores extranjeros no acompañados «poco equitativo», reiterando la petición al Gobierno español para que la distribución de estos chavales se haga de otra manera, como viene verbalizando desde julio la diputada general.

Aclaró que la declaración aprobada por el Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia permitirá la apertura del dispositivo asistencial de emergencia, de carácter temporal, para «descongestionar» los 16 centros bajo su control, en los que están alojados 602 menores. Además, con ese nuevo recurso en servicio, van a poder acometer obras de acondicionamiento en el centro de primera acogida.

En definitiva, tras la comunicación de la aprobación del decreto foral, queda al descubierto que los responsables forales necesitaban abrir el dispositivo de reserva para «descongestionar» los 16 albergues y además realizar obras en otro. Ese nuevo recurso, según se contempla por la institución, podrá estar en funcionamiento un año, prorrogable durante seis meses más.

NO HAY SATURACIÓN

En Gipuzkoa, según la propia Diputación, los centros de acogida no están saturados, aunque también se suman a la demanda al Ejecutivo español para un reparto de menores extranjeros no acompañado «ordenado, estructural y permanente». Una vieja reivindicación.

La diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, dijo que en su red acogen a 789 menores, de los que 187 son migrantes, a quienes se trata de atender «como merecen y se debe, poniendo los recursos necesarios para ello».

Reconoció que cada mes reciben a una media de 20 chavales nuevos y que «los recursos no son infinitos», por lo que reclamó al Gobierno español un reparto «ordenado y equitativo» evitando la improvisación.

Berasaluze insistió en que disponen aún de plazas de acogimiento, «pero no sabemos a qué situación podemos llegar a este ritmo de 20 ‘menas’ mensuales de media». En tal sentido, expuso que Gipuzkoa antes «era un territorio de tránsito» pero «en los últimos tiempos está tendencia ha cambiado y se quedan más de los que se quedaban antes».

Destacó asimismo que la migración supone «una oportunidad», como «una realidad que nos aporta», si bien para eso hay que «integrar a todas las personas que vienen a nuestras ciudades y pueblos», y que son «necesarios en el mundo laboral».

Pero para ello, consideró «fundamental» que las instituciones vascas tengan «herramientas como la de los permisos de trabajo» porque «facilitarían mucho» la integración de «todas esas personas que vienen de fuera».