La adopción de medidas para la mejora y modernización de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español es el objetivo del plan de acción que expertos de Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos presentaron ayer en el Parlamento de Gasteiz. Se trata de un total de 36 puntos, entre los que destacan, por ejemplo, que los protocolos policiales sean públicos y que existan órganos independientes que puedan controlar las actuaciones policiales y posibles vulneraciones de derechos humanos.

Los comparecientes ante el Parlamento fueron Nieves Arrese, doctora en Derecho; Jorge del Cura Antón, quien creó y presidió la Asociación contra la Tortura (ACT); Iñaki Lasagabaster Herrarte, catedrático emérito de Derecho; Benito Morentín Campillo, médico forense; e Irene Urango, coordinadora del trabajo.

Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos es una asociación que trabaja para la defensa de los derechos humanos, centrada sobre todo en los derechos civiles y políticos.

Entre las recomendaciones presentadas destaca «que la política de transparencia de los cuerpos policiales se adapte a los estándares internacionales en la materia, garantizando que se publiquen los protocolos de uso de la fuerza en la extensión necesaria para permitir que la ciudadanía pueda conocer y fiscalizar su uso». Se estima que cuando un protocolo no sea público se justifique debidamente, más allá de alegar razones de seguridad.

Este punto es sustancial en el caso de la CAV, puesto que la Ertzaintza ha negado sus protocolos al Parlamento e incluso a los tribunales, alegando su carácter secreto. O, cuando se han transmitido a la Cámara, se han hecho con la prohibición de publicarlos. Y esto no es algo que ocurra en todos los lugares. En Nafarroa el uso de las armas por parte de la Policía Foral está regulado por ley y es público, mientras que el protocolo de uso de armas de la Ertzaintza no se puede hacer público.

ÓRGANOS INDEPENDIENTES

El plan de acción contempla también, tanto en el Estado como en las comunidades con Policía propia, que se cree por ley un mecanismo externo, público e independiente de monitoreo y análisis de las actuaciones del personal funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Este organismo debe tener autonomía reglamentaria, organizativa, funcional y presupuestaria respecto a la institución policial y los Gobiernos.

Además, entiende que el mecanismo debe tener suficiente capacidad, independencia y discrecionalidad para estudiar de oficio cualquier conducta o práctica en la que se haya producido o se sospeche que se haya producido, por parte del personal funcionario encargado de hacer cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, un resultado de muerte, lesiones, tortura, ataque a la integridad física o moral, agresión sexual, discriminación, uso excesivo de la fuerza u otra circunstancia que el propio mecanismo considere de interés.

El plan recoge que en la CAV ya existe una Comisión de Control y Transparencia, pero también sostiene que «deberá hacerse una revisión» de su funcionamiento y ajustarlo a las peticiones anteriores. Y, además, refleja que «en el caso navarro deberá asegurarse que la creación del Comité de Buenas Prácticas y Transparencia (previsto en la Ley Foral de las Policías de Navarra) cumpla con las disposiciones aquí contenidas».

El plan de acción también recoge que los agentes de Asuntos Internos de cada Policía tengan autonomía para su trabajo, que las grabaciones en vídeo de los registros, declaraciones y acciones en comisaría se guarden al menos durante seis meses y se extiendan a los registros y vehículos policiales. También se piden medias para evitar las identificaciones por perfil étnico.

Y que, cuando se ha producido una vulneración de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, haya una vía clara de denuncia, una Fiscalía especializada en estos casos y también un grupo específico dentro de los abogados del turno de oficio.