UGT lidera la presión de funcionarios de prisiones sobre Lakua que cancela visitas
Comunicaciones en cárceles están siendo canceladas por falta de funcionarios. UGT lidera una protesta para presionar a Lakua. Un juzgado investiga si es una «huelga encubierta».

Como viene ocurriendo realmente desde la asunción de la competencia penitenciaria en octubre de 2021, sindicatos están presionando al Gobierno de Lakua de cara a lograr para los funcionarios de prisiones mejoras laborales o el mantenimiento de las que tenían bajo el control del Gobierno español, entonces con el argumento de la acción armada de ETA. Esta presión aumenta estos día de final de año, en que, aunque no se ha convocado expresamente una huelga, la ausencia de funcionarios a sus puestos de trabajo está obligando a cancelar comunicaciones con familiares.
A esta situación le puso firma ayer Acaip-UGT, con una comparecencia pública en la que su presidente, José Ramón López, afirmó que el llamado sistema penitenciario vasco podría ir «a la quiebra» si los funcionarios se marcharan a otros puntos del Estado donde afirman que tienen mejores condiciones. López compareció ante los medios junto al secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza.
Según su versión, lo que está ocurriendo no es una huelga encubierta, sino que se están dejando de hacer horas extras para no amparar «la ineficacia del Gobierno vasco».
Explicó que actualmente entre Zaballa, Martutene y Basauri hay casi 600 funcionarios, una cifra prácticamente igual a la que había en 2021, cuando se transfirió la competencia desde Madrid, pero a fecha de 13 de diciembre, en los tres centros penitenciarios hay 1.712 presos, un 24% más que hace tres años.
OPOSICIÓN Y TOTAL RECHAZO
López recordó que en estos momentos hay un concurso de traslados con unas 230 peticiones de funcionarios de estas tres prisiones, el 39% de la plantilla, por lo que el sistema entraría en «quiebra» si 140 trabajadores piden su traslado fuera de la CAV.
Se da la circunstancia de que el Consejo de Gobierno de Lakua aprobó en octubre un presupuesto para 261 plazas de funcionario de prisiones, pero López afirmó que no palía nada porque no se prevé la OPE hasta 2027.
Junto a ello, admitió que la protesta ha obligado a suspender comunicaciones, además de talleres y otras actividades en Zaballa, y puede hacerlo en las otras dos cárceles.

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