Un grupo de familiares y allegados de personas presas en Zaballa se concentraron ayer en las inmediaciones de la prisión para exigir que se respeten los derechos de los presos y presas. La concentración tuvo por objeto denunciar los perjuicios que están sufriendo las personas encarceladas por la falta de personal. De hecho, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo ha pedido que se investigue si los trabajadores están llevando a cabo una huelga encubierta por el alto número de bajas.

La situación, que llevó a la suspensión de las comunicaciones de los presos con familiares y abogados, se empezó a normalizar este viernes con la contratación de diez interinos, que se verán reforzados a partir del lunes con otros 22.

Noemí, familiar de un preso, lamentó que aunque se han empezado a retomar los “vis a vis”, estos se están haciendo en menor número que antes de que comenzara esta situación, a principios de mes, y que los presos tampoco están recibiendo paquetes.

CONFLICTO ENTRE LAKUA Y LOS FUNCIONARIOS

«Un plante protagonizado por el funcionariado les está impidiendo ejercer su derecho a la educación, a la defensa, a las comunicaciones con el exterior o a la salud. No hay comunicaciones, ni siquiera por videoconferencia, ni vises, ni con la abogacía, el módulo sociocultural está cerrado, no hay escuela, ni entrega de paquetes o servicio de farmacia», criticó la asociación. Indicó asimismo que el conflicto abierto «es consecuencia de una transferencia que no es capaz de garantizar ni los derechos de las personas presas ni las condiciones laborales del funcionariado».