El Juzgado de lo Social de Eibar ha condenado al Ayuntamiento de Legazpi a indemnizar a un trabajador enfermo por efecto del amianto con 368.780,77 euros, informó ayer la asociación Asviamie.

El juzgado estimó la demanda del trabajador contra el Ayuntamiento de Legazpi, para el que trabajó durante 37 años, y contra las empresas CIE Legazpi y Sidenor (como sucesoras de Patricio Echeverría), que también han sido condenadas y tendrán que abonar entre las dos 7.524,26 euros.

El demandante, A.G., quien padece cáncer pleural, trabajó de pinche durante los veranos de 1970 y 1971 en Patricio Echeverría, donde ejerció su labor en los hornos de recocido, aislados con amianto.

Posteriormente trabajó para el Ayuntamiento de Legazpi entre los años 1979 y 2016. Allí desarrolló labores como encargado de obras, en la oficina técnica, como encargado de aguas y, a partir de 1990, en Lenbur.

Mientras trabajó como encargado de aguas, entre 1982 y 1990, y como jefe de servicio, entre 1990 y 1998, acompañaba al equipo de mantenimiento para realizar reparaciones en las conducciones de fibrocemento instaladas para traer agua del pantano de Barrendiola, lo que suponía exposición al amianto.

La instalación de las tuberías de fibrocemento se había realizado años antes de la construcción del pantano, que se realizó cuando el trabajador comenzó a desempeñar su labor en el Ayuntamiento. Estas conducciones no fueron probadas, siendo necesaria la reparación por parte de la brigada, evitando fugas por ruptura de la conducción de agua.

A.G supervisó estas labores, especialmente los cortes de la tubería las que se llevaban a cabo con la rotaflex.

NI PROTECCIÓN NI VIGILANCIA

La sentencia señala, según indica Asviamie, que ni la empresa Patricio Echeverría ni el Ayuntamiento de Legazpi le informaron del riesgo que corría, no le proporcionaron la protección necesaria, ni la vigilancia médica específica.

El 19 octubre de 2023, cuando A.G. ya estaba jubilado, se le diagnosticó mesotelioma pleural maligno y en agosto de 2024 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró su incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional.

IMPORTANCIA DE LOS TESTIGOS

En el juicio, el Ayuntamiento de Legazpi rechazó categóricamente que el enfermo hubiera estado expuesto al amianto, al argumento que trabajó en la oficina técnica, pero la sentencia otorga credibilidad a los testigos que relataron que estaba presente en las tareas de reparación de la red de agua, por lo que el juez considera que se ha logrado probar que el trabajador estuvo expuesto al amianto.

En la sentencia que ha hecho pública el Juzgado de lo Social de Eibar se recoge, además, que «los incumplimientos de las empresas de la normativa de seguridad supusieron un notable y significativo incremento del riesgo para la salud del trabajador, siendo probable que, de haber cumplido las empresas desde el principio el reglamento de seguridad, el resultado de la grave enfermedad no hubiera llegado a producirse».