Tras la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada el pasado 16 de diciembre, la consejera de Gobernanza del Ejecutivo de Lakua, María Ubarretxena, anunció que el traspaso de la competencia de permisos de trabajo para personas extranjeras se cerrará en las próximas semanas. Y el lehendakari, Imanol Pradales, afirmó el lunes que la decisión política está tomada, las conversaciones «van por bueno camino» y que es una cuestión de «flecos técnicos que espero que se solucionen esta semana», en referencia a la reunión de ayer jueves. Pero finalmente todavía no han podido cerrarse.

Precisamente son los «flecos técnicos» los que pueden dar al traste con el calendario político acordado entre el Gobierno español y el de Lakua. Imanol Pradales sostuvo que el acuerdo más relevante alcanzado en la Comisión Bilateral es el establecimiento de un calendario para completar el Estatuto de Gernika a lo largo de 2025.

Según explicó el lehendakari, «todo lo que falta está en este calendario y cada uno con sus fechas». Reconoció que hay unos más complejos, pero lo acordado es cumplir ese calendario por parte de las dos partes». Son en total 27 competencias. E Imanol Pradales añadió que «es un calendario y un acuerdo político y hay que cumplir la palabra dada».

Lo que ocurre es que ese calendario no es público y, por tanto, desde fuera de ambos gobiernos no se puede seguir su cumplimiento.

Fuentes de Lehendakaritza, consultadas por este diario, explicaron ayer que «es un documento de trabajo y no se ha hecho público».

Así que habiendo un acuerdo de investidura entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el PNV, que determina el cumplimiento íntegro del Estatuto antes de acabar 2025 y un calendario pactado que le pone fechas, al final los «flecos técnicos» pueden arruinarlo todo.

Quienes desde el ámbito autonómico han negociado transferencias aseguran que en los ministerios madrileños hay altos cargos que tienen un concepto patrimonial de cada competencia que deben de traspasar.

AGILIZAR LOS PERMISOS

Aunque habrá que seguir negociando, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, conía en que una vez que la CAV asuma esta competencia se agilicen los procesos para las autorizaciones de los permisos de trabajo a inmigrantes.

Desde el Ejecutivo de Lakua se estima que tendría que gestionar al año unas 7.000 solicitudes. Entre los datos tenidos en cuenta está que hay de 4.000 a 6.000 personas extranjeras que ya están en formaciones previas de Lanbide o que reciben la Renta de Garantía de Ingresos. En la actualidad, la mayoría de esas personas están condenadas a trabajar en la economía sumergida, porque una vez formadas no cuentan con el permiso de trabajo necesario para hacerles un contrato.

Se podrán gestionar desde la CAV las contrataciones de origen y las ocupaciones con difícil cobertura en «sectores tensionados como transporte, hostelería o empresas de manufactura», según detalló Gurpegui, que también apuntó la necesidad de cubrir puestos de «alta cualificación».