En una resolución hecha pública ayer, el Ararteko critica la operación policial realizada el pasado 14 de marzo de 2024 en el antiguo instituto de Martutene, abandonado desde hace ya años y ocupado por medio centenar de personas sin hogar.

La operación fue liderada sobre el terreno por la Guardia Municipal donostiarra, en colaboración con la Ertzaintza y la Policía española. Se identificó a 56 personas y 29 de ellas fueron puestas a disposición de la Policía española para cumplimentar trámites de extranjería. Desde diferentes medios se señaló que la actuación parecía obedecer a motivos de seguridad y a la existencia de quejas y denuncias por parte del vecindario.

El Ararteko abrió una actuación de oficio y se dirigió al Ayuntamiento de Donostia para recabar más datos, «en concreto para conocer si se facilitó o informó a estas personas de alternativas residenciales y si la operación se coordinó con los servicios sociales municipales para intentar dar respuesta a las necesidades de estas personas».

El Ayuntamiento, según consta en la resolución difundida ayer, respondió que la finalidad del dispositivo no fue el desalojo del inmueble -que no se produjo-, sino la identificación de las personas que se encontraban alojadas en él.

«NO DA UNA RESPUESTA INTEGRAL»

La Defensoría del Pueblo concluye que «esa intervención policial dirigida a identificar a las personas sin hogar, aislada de otras medidas, no responde a un plan previamente acordado en el que se tengan en consideración las múltiples dimensiones del problema del sinhogarismo».

Así, recuerda los compromisos institucionales vigentes en materia de atención a personas sin hogar y de inmigrantes, entre ellas la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave 2024-2028, que reúne directrices de Naciones Unidas. Concretamente, el Ararteko sostiene que esa estrategia «exige el alineamiento y la colaboración y coordinación de todas las administraciones públicas vascas competentes, en la atención a la situación de las personas sin hogar».

En la resolución también se cita el Pacto Social Vasco para la Migración, aprobado en 2019, que se compromete a «ofrecer recursos necesarios para una respuesta humanitaria adecuada a migrantes en situaciones de vulnerabilidad».

«Las actuaciones policiales deberán coordinarse con el resto de las actuaciones previstas en la Estrategia para dar respuesta de manera integral a las necesidades de las personas sin hogar», concluye el Ararteko.