Cinco personas más han sido reconocidas oficialmente como víctimas de violencia estatal por el Gobierno navarro, en desarrollo de la Ley 16/2019. Así lo notificó ayer la dinámica Egiaren Garaia Da, formada por la Red de Personas Torturadas y Egiari Zor.

Son ya 53 personas reconocidas en este herrialde, en el que el proceso arrancó más tarde, sobre un total de 149 solicitudes. Los datos que maneja Egiaren Garaia Da son que entre ellas hay seis víctimas mortales (una por tortura) y 27 personas maltratadas.

Desde esta dinámica valoran positivamente los nuevos reconocimientos, «ya que suponen pasos adelante hacia la verdad de una realidad tantas veces negada. Consideramos que estos reconocimientos deben ir asentando las bases para abrir vías de reparación integrales con todas las víctimas del Estado y sus allegadas y allegados, para dar garantías de que nada de lo ocurrido pueda volverse a repetir; y para construir un marco de convivencia en Navarra que se comprometa con la verdad y la justicia de todas las víctimas del Estado, ayudando así a esclarecer lo ocurrido».

LOS CINCO CASOS, UNO A UNO

Los casos ahora reconocidos se ubican en cuatro décadas diferentes, lo que constata la continuidad de la lacra de la tortura. Así, Florentino Beraza Gastezi fue detenido y torturado en dos ocasiones en 1981, la primera por la Policía española y diez días después por la Guardia Civil, y «tras ambas detenciones fue puesto en libertad».

A Rosario Buñuel Pérez la detuvo la Policía española en 1985 en Tutera. «Durante el periodo de detención sufrió malos tratos, tales como golpes, insultos, amenazas», detalla.

Cecilio Ruiz Vilas fue detenido en 1990 en Tafalla. «Durante la incomunicación sufrió sesiones de torturas como asfixia con una bolsa de plástico, continuos golpes en la cabeza produciéndole numerosos chichones y contusiones en la tripa y en los testículos. Fue objeto de constantes vejaciones y humillaciones, así como de simulación de disparo con una pistola en su sien, o la colocación y la amenaza de descargas con electrodos».

El arresto de Patricia Perales Hurtado lo llevó a cabo la Guardia Civil en 2005 y «permaneció tres días en régimen de incomunicación. En este acuartelamiento fue interrogada en numerosas ocasiones en un clima de desestabilización personal y de intimidación, donde recibió numerosas amenazas y gritos».

La última en un recorrido cronológico es Izaskun Juarez Goñi,

La Red y Egiari Zor inciden en la importancia de seguir presentando solicitudes. El plazo sigue abierto hasta julio de 2027 y ambos colectivos reiteran su «predisposición a ayudar a toda persona que así lo requiera con los trámites».