Los datos necesarios para poder proceder a limitar los alquileres en Gipuzkoa se convirtieron ayer en el motivo del rifirrafe entre Stop Desahucios y la Diputación, con la plataforma denunciando que la entidad foral no los ha facilitado y la Diputación desmintiendo la acusación y afirmando que los remitió en enero.

A través de una concentración ante la sede de la institución foral, Stop Desahucios denunció que la Diputación no ha facilitado los datos necesarios para que los ayuntamientos de los municipios declarados «tensionados» puedan intervenir en el mercado del alquiler local.

Calificó de «llamativo que, en la orden del 11 de abril, en el Serpavi (Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda) aparezcan los datos de los contribuyentes que ha suministrado Navarra y no los de Euskadi y sus territorios».

Stop Desahucios valoró «el esfuerzo que vienen haciendo» los municipios tensionados a la hora de «confeccionar la memoria justificativa y el plan de tres años que contiene las previsiones para ampliar el parque de viviendas de VPO, en especial las de alquiler social, dedicando recursos humanos y económicos. Y también, el impulso en los últimos meses dado por la Consejería de Vivienda de Gobierno Vasco en la tramitación de los expedientes, cuya lentitud veníamos criticando».

La plataforma consideró que «esta voluntad política de ayuntamientos y Consejería en paliar con las herramientas de la Ley de Vivienda el drama social de no poder acceder a una vivienda, choca con la actitud negligente e irresponsable de Hacienda y Diputación», cuyo resultado es que los municipios tensionados, «que lo son precisamente por los elevados precios del mercado del alquiler, no los puedan intervenir y destensionar». Señaló, en este contexto, que confía en que «estas dos instituciones tomen buena nota para que el Ministerio y el Serpavi, a la mayor urgencia, reciban los datos de los contribuyentes guipuzcoanos con los que confeccionar los índices de precios para que la Ley de Vivienda se pueda aplicar en su totalidad y no como hasta ahora, que se aplica mutilada».

DESMENTIDO DE LA DIPUTACIÓN

Ante la acusación de Stop Desahucios, la Diputación de Gipuzkoa hizo pública una nota en la que «desmiente dicha acusación» y reitera que la institución foral «ha cumplido rigurosamente con sus obligaciones».

En concreto, su portavoz, Irune Berasaluze, aseguró que «no es cierta la acusación de que la Diputación se haya retrasado en su trabajo o haya mostrado falta de colaboración institucional. El trabajo está hecho y en plazo».

Añadió que «desde que se recibió la solicitud a finales de 2024, la Hacienda Foral ha trabajado con absoluta seriedad y compromiso, y los datos se remitieron a finales de enero».

Berasaluze aseguró que la Diputación de Gipuzkoa «ha mostrado desde el primer momento plena disposición y colaboración con el Ministerio de Vivienda y ha mantenido igualmente una estrecha coordinación con Eustat, que es el órgano encargado de desarrollar técnicamente el índice de precios de referencia».

Se trata, según indicó, de «un trabajo técnicamente muy complejo, ya que implica el cruce y la explotación de información procedente de fuentes muy distintas y, además, con sistemas de funcionamiento diferentes entre la Agencia Tributaria estatal y la Hacienda Foral».

A pesar de esa dificultad, afirmó que «el trabajo de recopilación y preparación de datos concluyó el pasado 23 de enero, y en esa fecha, la Diputación remitió a Eustat toda la información requerida para el desarrollo del índice».