En una nutrida comparecencia realizada frente al Palacio de Justicia de Donostia, la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria valoró ayer que la reciente sentencia de la Audiencia Nacional española en la que se absuelve a Iratxe Sorzabal de la colocación de un artefacto en Irun en 1995 -donde se reconoce que «la acusada fue sometida a tratos inhumanos durante su detención, en marzo de 2001», cuando fue arrestada por la Guardia Civil- debería «marcar un punto de inflexión para anular las condenas sustentadas en pruebas construidas mediante la tortura». Y lanzó la siguiente pregunta-reflexión: «¿Cuántas personas hemos sido condenadas a lo largo de estas décadas y cuántas están todavía en prisión como consecuencia de autoinculpaciones forzadas bajo tortura?».

En su sentencia del pasado 8 de mayo, la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional reconoce que el manuscrito escrito posteriormente, en el que venía a reconocer la autoría de los hechos, es «nulo de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada, pues es consecuencia de malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención y que tenían por objeto que la misma prestase declaración en los términos que se le indicaban, sin que exista ninguna otra prueba de cargo destructora de la presunción de inocencia que le favorece».

Recuerda que Sorzabal no ratificó su autoinculpación en sede judicial, en donde se limitó a declarar que habían sido realizadas bajo tortura.

«La Audiencia ha resuelto que fue torturada para conseguir su autoinculpación. En consecuencia, considera que tanto la inculpación como el resto de elementos contaminados por la tortura no pueden tener valor probatorio», remarcaron ayer Amaia Urizar y Metxe González, quienes en nombre de la Red leyeron el comunicado en euskara y castellano. «Creemos que esta sentencia es un hecho de suma importancia, que debe marcar un punto de inflexión en el reconocimiento y reparación de la tortura», manifestaron, al tiempo que se preguntaron: «¿Cuántas de nosotras habríamos sido absueltas si, como hace ahora esta sentencia, se hubiera reconocido que fuimos torturadas? Hasta ahora, apenas se ha tomado en consideración esta realidad que tanto dolor ha generado y que sigue generando hoy en día», destacaron.

«Es una injusticia doble: hemos sufrido el dolor físico y psicológico ocasionado por la tortura y, además, muchas de nosotras hemos tenido que afrontar condenas de prisión a consecuencia de la tortura», resaltaron, a lo que añadieron: «La propia Iratxe sigue en prisión y, como ella, muchas otras personas que han sido torturadas. Estaría en la calle si, en el primer juicio en el que fue condenada, se hubieran seguido los criterios que ha establecido esta última resolución, estaría en la calle si en aquel juicio se hubiera reconocido que fue torturada», insistieron. La Red reiteró que es «una buena noticia» que este tribunal que «ha negado y posibilitado la tortura durante décadas» haya reconocido «por primera vez el uso de la tortura contra una ciudadana vasca». «Viene a confirmar lo que venimos denunciando» desde la Red de Personas Torturadas en Euskal Herria, afirmaron, y emplazaron a las instituciones, a los partidos y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a que «abran una reflexión al respecto e intervengan en la búsqueda de vías de solución».

«Ahora que el reconocimiento de la tortura poco a poco se va abriendo camino, la sociedad vasca no puede asumir que siga habiendo gente en prisión a causa de autoinculpaciones forzadas mediante la tortura», sostuvieron.

En su comparecencia, la Red también quiso transmitir todo su apoyo a Sorzabal. «Estamos contigo, somos miles y decimos en alto y claro: esta sentencia nos refuerza en nuestra lucha por el reconocimiento colectivo de la tortura», manifestaron.

Urizar y González también pusieron el foco en el «carácter sexista» de la tortura, que «se manifiesta claramente en el caso de Iratxe». «Como Iratxe, la mayoría de las mujeres que hemos padecido tortura hemos sufrido en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado español tortura política-sexual: Incomunicación, amenazas de agresiones sexuales, interrogatorios estando desnudas, tocamientos, cuestionamiento de la orientación sexual, violaciones, torturas psicológicas y vejaciones sufridas como militantes políticas», recordaron.

Lamentaron y denunciaron que «todo ello sigue negado y silenciado en Euskal Herria a nivel político y público». Es por ello que consideraron que «es hora de asumir responsabilidades públicas, porque la aplicación de la tortura ha sido sistemática. Se ha ejecutado y justificado bajo el amparo de toda una estructura plenamente operativa, y las responsabilidades van más allá de las Fuerzas de Seguridad del Estado». Abarcan, según destacaron, a «jueces, médicos forenses, medios de comunicación, fuerzas políticas...». Afirmaron que «la asunción pública de esta responsabilidad es necesaria para avanzar en el reconocimiento y reparación».

Asimismo, pidieron a Lakua que «abra la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación» ampliando en la CAV su ámbito temporal para que «Sorzabal y cientos de personas torturadas más podamos denunciar nuestros casos».

Euskal Herriko Torturatuen Sarearen agerraldia

Atzo Donostian egindako agerraldian, Auzitegi Nazionalak Iratxe Sorzabalen kasuan eman duen «ebazpen historikoak» mugarri bat izan beharko lukeela adierazi zuen Euskal Herriko Torturatuen Sareak. «Torturaren bidez eraikitako frogen ondoriozko zigor penalak» indargabetzea eskatu zuen. «Sorzabalen kasuak hamarkadetan estalia egon den errealitate lazgarri bat mahai gainean jarri du: torturaren ondorio penala. Torturaren onarpenak absoluzioa ekarri du lehen aldiz, baina zenbat zigor eta espetxe urte ekarri ditu orain arte tortura ez onartzeak?», galdetu zuten.