Pese a reconocer que no se ha podido acreditar la participación concreta de los siete vecinos de Baztan acusados de detener las obras de Aroztegia, la Fiscalía mantuvo la petición de «grupo criminal» (un año de prisión para cada uno) y daños y coacciones (25 meses de prisión para Garbiñe Elizegi y 22 para el resto), a lo que se sumaron las acusaciones particulares. Las defensas reclamaron su absolución. El juicio quedó visto para sentencia.

Para ello, la Fiscalía recurrió a la figura del «dominio funcional de la acción», por la que se elude la necesidad de acreditar la participación individual y concreta para el reproche penal, creando una especie de «coautoría» por la que los integrantes de un grupo tienen responsabilidad en los hechos aunque no hayan participado directamente en los mismos. «Todos son Aroztak», subrayó la fiscal.

«Arengaron a las masas para parar las obras y las pararon», añadió la fiscal, que reconoció que «hemos acusado a siete porque no hemos podido identificar a más». Explicó que los siete han sido encausados porque fueron grabados en tres ocasiones en el entorno de Aroztegia.

Según la fiscal, Elizegi era la dirigente del «grupo criminal». Otras dos acusadas eran sus «manos derechas». Tres acusados, los tres hombres, eran «la fuerza ejecutiva» y la séptima, simplemente y siempre según la fiscal, «formaba parte de la masa humana». Esta distinción no se mantuvo a la hora de pedir las penas, ya que solo se diferencia el papel de Elizegi, pero no entre «manos derechas» y «masa humana».

RESPONSABILIDAD CIVIL

Las acusaciones particulares se sumaron a los planteamientos de la Fiscalía, pero destacaron que la «intimidación» sigue a día de hoy, citando las movilizaciones diarias ante la Audiencia.

No han reclamado responsabilidad civil en este proceso penal, a la espera de poder hacerlo, por 43 millones de euros, en el administrativo. Su objetivo es que los gobiernos navarro y español abonen esta cantidad, para lo que necesitan una condena previa en el penal. Esa sería la razón por la que dejaron de lado las negociaciones.

«INTERÉS DE LA EMPRESA»

«Estamos aquí por el interés de la empresa y el seguimiento de la Fiscalía», destacó Josu Beaumont, abogado de tres acusadas, subrayando la necesidad de una «sentencia de hechos graves» para posteriormente reclamar los 43 millones, lo que calificó de «cadena perpetua civil» para los acusados.

«Se les juzga por lo que son, por lo que piensan», añadió el letrado, destacando que «hay siete encausados, pero podían ser miles», ya que la oposición al proyecto es masiva en el valle de Baztan.

Añadió que los encausados «han reconocido lo que hicieron», sentarse ante las máquinas de manera «pacífica y sin violencia», según ha quedado acreditado, entre otros, por los testimonios ofrecidos en el juicio por la Guardia Civil.

El letrado destacó que una sentencia condenatoria sería «un riesgo para los movimientos sociales», ya que calificar de «grupo criminal» a quienes practican la desobediencia civil o convocan manifestaciones supondría una conculcación de derechos fundamentales.

Junto a ello, al igual que su compañera Leire Martín, cuestionó la validez de las identificaciones que se realizaron mediante vídeos no contrastados. Martín, letrada de los otros cuatro acusados, destacó que ni siquiera se ha identificado a dos de ellos como presentes en el lugar de los hechos.

EKINTZAK FROGATU GABE, AKUSAZIOARI EUTSI DIOTE

«Ekintza eremu funtzionala» delako figura juridikoa erabili zuten Fiskaltzak eta akusazio partikularrek Aroztegiko zazpi auzipetuen kontrako akusazioari eusteko, nahiz eta ezin izan zuten frogatu ekintza konkreturik egin zutela. Kontuak horrela, «talde kriminala» osatzea (urtebeteko espetxe zigor bana) eta mehatxuak egitea (25 hilabete Garbiñe Elizegirentzat eta 22 besteentzat) leporatzen jarraitu zuten atzo amaitutako epaiketan. Defentsek, berriz, absoluzioa eskatu zuten, mobilizazio sozialaren kriminalizazioa gaitzetsiz.