Ochenta coaliciones, instituciones, grupos y organizaciones de base de 26 países envían un mensaje nítido a sus Estados y autoridades locales: otorgar un contrato a CAF es ilegal e inmoral.

La realidad en Gaza, incluso según el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, se ha vuelto «peor que el infierno en la Tierra». Jewish Voice for Peace (EEUU) denomina esta fase del genocidio israelí en curso «la solución final de Israel para las y los palestinos en Gaza». Sin embargo, demasiados gobiernos, instituciones y empresas incumplen peligrosamente sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional, incluyendo la Convención sobre el Genocidio y la Convención sobre el Apartheid.

Nosotras y nosotros, firmantes de esta carta, exigimos que nuestros gobiernos e instituciones (locales) cumplan con sus obligaciones legales y no otorguen contratos a empresas implicadas en las graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel, así como en sus crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.

Nos unimos a la campaña global de BDS, que lleva 5 años presionando a la empresa vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) para que ponga fin a su papel como importante facilitador corporativo de la ocupación militar ilegal israelí del territorio palestino y su régimen de apartheid. Es hora de que CAF se baje del tren del apartheid israelí.

CAF opera y amplía la «Línea Roja» del Tren Ligero de Jerusalén (JLR), construye la nueva «Línea Verde» y proporciona material rodante y servicios técnicos. Ambas líneas conectan los asentamientos ilegales israelíes en el territorio palestino ocupado con Jerusalén Occidental.

Por consiguiente, el JLR forma parte de la anexión ilegal de iure por parte de Israel de la Jerusalén Oriental ocupada, incluyendo sus asentamientos coloniales ilegales. Estos asentamientos implican el traslado de civiles israelíes al territorio ocupado y el desplazamiento forzoso de palestinas y palestinos indígenas de la ciudad ocupada, lo que constituye un crimen de guerra, según el derecho internacional.

Basándose en su fallo de 2004 contra el muro ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó en julio de 2024 que Israel es culpable de apartheid y que su ocupación militar de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, es totalmente ilegal. La CIJ concluyó que Israel debe poner fin por completo a su ocupación militar y afirmó, sin lugar a dudas, la obligación legal de todos los Estados de poner fin a su complicidad en la ocupación ilegal y las graves violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, y de actuar para garantizar el respeto del derecho internacional.

Más tarde, en septiembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobó una resolución, por abrumadora mayoría, que adopta la Opinión Consultiva de la CIJ de julio de 2024 y exigió, por primera vez en 42 años, la imposición de sanciones a Israel y el fin de la ocupación israelí para septiembre de 2025.

En respuesta al fallo de la CIJ, decenas de expertos en derechos humanos de la ONU recordaron a todos los Estados que estaban legalmente obligados a, entre otras cosas:

«Imponer sanciones, incluida la congelación de activos, a las personas, entidades (incluidas empresas, corporaciones e instituciones financieras) israelíes involucradas en la ocupación ilegal y el régimen de apartheid, así como a cualquier entidad o persona, nacional o extranjera, sujeta a su jurisdicción que suministre bienes y servicios que puedan contribuir, asistir o facilitar la ocupación y el apartheid».

Empresas como CAF, su junta directiva y sus ejecutivos deben saber que perderán contratos en todo el mundo y se enfrentarán a posibles responsabilidades penales por su complicidad en crímenes atroces.

*Lista completa de firmantes disponible en NAIZ