El Pleno del Tribunal Constitucional avaló ayer, con los seis votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro votos en contra de la minoría conservadora, la constitucionalidad de la Ley de Amnistía para los líderes independentistas del procés. Así, la corte de garantías rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la norma y descarta, al mismo tiempo, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Constitucional aprobó el texto de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que avala en líneas generales la Ley de Amnistía salvo tres aspectos menores, y al que se le introducen aportaciones de los magistrados que no modifican en lo sustancial el borrador que se elevó al Pleno.

SEPARACIÓN DE PODERES

Según informó el Tribunal Constitucional (TC), la sentencia rechaza la tesis de que la Constitución prohíba la amnistía como institución jurídica por el solo de hecho de no contener una habilitación expresa. En este sentido, señala que «el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición de tal institución». «Todo lo que no está constitucionalmente vedado queda, en principio, dentro del ámbito de decisión del legislador», afirma el texto.

El fallo descarta, asimismo, que la amnistía sea contraria al principio de separación de poderes, a la reserva de jurisdicción y a la obligación constitucional de ejecutar las resoluciones judiciales firmes. Sobre esto afirma que, al conceder una amnistía, «el Parlamento no está reemplazando a los tribunales en la determinación de la culpabilidad, sino estableciendo que, por motivos extrajurídicos, se extingue la responsabilidad punitiva». «Las leyes de amnistía ni juzgan ni ejecutan lo juzgado», sostiene.

Establece, además, que la amnistía no debe responder necesariamente a un «ideal de justicia», considerando que es admisible cuando responde a una coyuntura extraordinaria. En este caso, alude a «la crisis constitucional derivada del proceso secesionista catalán, que supuso un desafío sin precedentes al orden constitucional, a la unidad del Estado y a la soberanía nacional, así como una profunda fractura de la convivencia democrática».

En esta línea, los magistrados rechazan la alegación del PP de que se trate de una «autoamnistía, propia de sistemas políticos autoritarios o de Estados en transición, dictadas o autorizadas por quienes se benefician de tal inmunidad o por las instituciones que han perpetrado esos actos o amparado a sus autores, para impedir la investigación y persecución de conductas constitu- tivas de los más graves crímenes contra los derechos humanos».

Así las cosas, solo da la razón al PP en tres cuestiones concretas: ve inconstitucional la «asimetría» para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al procés; que la ley incluya «una habilitación insólita» para continuar con las «actividades criminales en el futuro»; y que solo imponga escuchar a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.

MALESTAR EN EL BLOQUE CONSERVADOR

Los cuatro magistrados del bloque conservador del TC mostraron su discrepancia con la decisión, al considerar que la norma «es inconstitucional» y que el fallo de la corte de garantías «no nace de una deliberación colegiada genuina, sino de una resolución preconfigurada».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también cargó contra la decisión del Constitucional. «Estamos ante un supuesto que atenta contra cualquier principio básico del Estado de Derecho Europeo. Y es que no cabe en la Unión Europea este tipo de transacciones ilegales y corruptas. No es posible», declaró Feijóo.

Señaló que «esta autoamnistía es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido». Según el jefe de la oposición, «esa norma es un ejercicio de corrupción política porque con la misma se compró la investidura del presidente del Gobierno».

Además del malestar en el PP, también el expresidente español y exlíder del PSOE Felipe González se tomó muy mal esta decisión. En una entrevista en el programa “Más de uno” de Onda Cero la calificó de «barrabasada» y «vergüenza» y añadió: «Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete».

Preguntado sobre si estaba diciendo que no apoyaría en las urnas a los promotores de la amnistía, González confirmó que no, «ni al PSOE ni ningún partido que haya apoyado la Ley de Amnistía».

SÁNCHEZ E ILLA CELEBRAN LA DECISIÓN

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el fallo de «magnífica noticia» y reivindicó la política como «palanca para la resolución de conflictos muy difíciles como el que se vivió en Cataluña».

A su juicio, con ello se está cerrando «una crisis política que nunca debió salir de la política». Sánchez dijo que siempre ha reprochado al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy «haber renunciado a la política y haber descargado en las responsabilidades judiciales y, por tanto, en el Poder Judicial, toda la respuesta a esta crisis territorial y la crisis constitucional que vivió España desde el año 2011».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también celebró el aval del TC a la Ley de Amnistía y sostuvo que «no tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley». Consideró que se trata de una noticia «de una trascendencia difícil de negar» y sostuvo que se trata «de una hora feliz, porque se devuelve de esta forma el conflicto político a los canales de discusión política».

Afirmó que le duele que haya personas que no se haya podido beneficiar de la norma, y se dirigió de forma directa al Tribunal Supremo: «Pido a las autoridades judiciales pertinentes, especialmente al Tribunal Supremo, y lo hago con respeto, pero con claridad, que se les aplique esta ley con diligencia».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, exigió al TC que utilice los «mecanismos coercitivos» de los que dispone para obligar al Tribunal Supremo a que aplique la Ley de Amnistía.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también celebró el fallo, pero denunció que esta decisión «no comportará ningún cambio» en su situación porque el Tribunal Supremo «ha dejado clara su voluntad de no aplicarle la ley».

Puigdemont pedirá que se le aplique la ley

Gonzalo Boye, el abogado del expresident Carles Puigdemont, avanzó ayer que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se le aplique la ley y se amnistíe el delito de malversación.

Además, para que el amparo sea aplicable y pueda regresar sin riesgo a ser arrestado, solicitará medidas cautelares que dejen sin efecto la orden de detención de Puigdemont emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena y que sigue vigente.

Aunque la defensa de Puigdemont dispone de 20 días hábiles para presentar este recurso, el letrado ha subrayado que no prevé agotar este tiempo.

«Espero que cuando pidamos medidas cautelares se apliquen», dijo ayer Boye. Para el abogado, el problema no reside en la Ley de Amnistía que ayer ha recibido el aval del Constitucional, sino en el hecho de que hay jueces que «no quieren respetar la voluntad del legislador y aplicarla». GARA