El Departamento de Salud de Lakua escenificó ayer el cierre del proceso iniciado en setiembre pasado para lo que ha denominado Pacto de Salud. Una dinámica que se ha desplegado desde entonces con una decena de sesiones de tipo plenarios y muchas parciales en otros foros. El resultado en realidad es, más que un texto global, un compendio de 24 líneas de trabajo, de las que la primera fuerza de la oposición, EH Bildu, únicamente validó 11.

Se acabaron aprobando por unanimidad en torno a la mitad, indicó el consejero Alberto Martínez, que calificó lo logrado de «acuerdo histórico de país», pese a los desacuerdos que se mantienen y a que ni un solo sindicato apoyó el conjunto.

El resultado final está abierto a todo tipo de relatos de parte, porque además de las 24 líneas ya votadas con anterioridad, también se realizó ayer una votación de carácter global (en la que confluyeron en el sí PNV, PSE y Confebask) y otra para determinar quién seguirá en el proceso de diálogo (EH Bildu estará entre ellos).

El mantenimiento de las privatizaciones estuvo en la clave de este final, que más bien es un punto y seguido. La enmienda de EH Bildu en torno a esta cuestión, que Pello Otxandiano calificó de «nudo gordiano», fue rechazada en un «grupo de expertos» antes de esta última reunión.

EH Bildu apoyó finalmente 11 de las 24 líneas en que se ha concentrado este proceso; en otras 8 votó que no y en 5 se abstuvo. Entre las respaldadas están las denominadas “Refuerzo de la detección temprana”, “Fortalecimiento de la Atención Primaria”, “Promoción y Prevención de la Salud Mental”, “Transformación digital” y “Derechos lingüísticos de pacientes y profesionales”. Por contra, no se sumó a lo planteado en “Colaboración público-privada y régimen de concertación”, “Oncología” o “Enfermedades Neurodegenerativas”.

La misma cuestión central motivó el descuelgue de Sumar. «Se normaliza la presencia de la sanidad privada y el modelo de externalizaciones», resumió el parlamentario Jon Hernández, que subrayó que con ello el Gobierno de Pradales «se equivoca».

CRÍTICAS SINDICALES

Desde la parte sindical, ELA renunció a participar en este foro desde el inicio, mientras que LAB sí lo ha hecho hasta la última reunión, en la que no tomó parte. Su secretaria general, Garbiñe Aranburu, consideró el jueves que «no ha habido posibilidad para abordar el cambio profundo de políticas que requiere Osakidetza».

CCOO tampoco firmó el conjunto del texto porque «este pacto no está diseñado para impulsar una sanidad pública y de calidad fuerte, sino que se limita a gestionar lo que ya es hoy en día con algunas mejoras puntuales. Cuestiones estructurales como la colaboración público-privada, la situación en la Atención Primaria o el sistema de perfiles lingüísticos no mejorarán la situación», auguró.

Similar posición expresó UGT, que explicó que ha asumido hasta 22 de las 24 líneas «dejando muchos pelos en la gatera por la búsqueda del consenso», pero no pasa por la «línea roja» de «la colaboración público-privada y el régimen de concertación, algo transversal que condiciona el resto de contenidos».

Más crítico fue ESK. Remarcó que hace ocho meses ya alertó de la deriva de la Mesa. Estimó que «solo ha servido para dilatar las verdaderas soluciones que deben implementarse en Osakidetza» y cree que «es hora de comenzar un trabajo conjunto dirigido a consensuar estrategias movilizadoras que obliguen al Gobierno Vasco y al Departamento de Salud a tomar medidas que garanticen un Sistema de Salud 100% público, fuerte, de calidad».

Un sindicato clave en el sector como es Satse tampoco se sumó al documento global por discrepancias en «tres líneas estructurales: la política de personal, la cartera de servicios y el modelo de colaboración público-privada». Lamentó «la oportunidad perdida para abordar reformas estructurales que consideramos necesarias. No se han dado cambios reales».

Desde una posición diferente, el Sindicato de Médicos también votó en contra.

PÚBLICO-PRIVADO

Otros agentes sindicales y sociales también rechazaron buena parte de esas 24 líneas, haciendo suyas algunas de ellas pero no otras, y discrepando especialmente de la definición de la «colaboración público-privada». El consejero Alberto Martínez argumentó que la tasa de privatización establecida es muy limitada y prefirió subrayar que en esta área concreta «hay un acuerdo mayoritario de más de veinte agentes».

Entre ellos, por cierto, no está Confebask; a la patronal tampoco le agrada la fórmula planteada en este ámbito. No obstante, sí apoyó el documento en su conjunto, alineándose así con los dos partidos del Gobierno, PNV y PSE.

Martínez admitió que las privatizaciones han sido el mayor punto de desacuerdo. Añadió también, como complejo por la división producida, en el de los derechos lingüísticos, donde la votación se saldó con 18 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

En el aspecto formal, el Gobierno de Lakua no dio explicación razonada a la negativa a mantener este proceso vivo para intentar aumentar el grado de acuerdo. Optó por cerrarlo antes de julio. Su intención inicial era que hubiera acabado en el mes de marzo.

En la mesa de conversaciones ha habido 28 agentes de todo tipo de escala y dimensión: patronales y sindicatos, fuerzas políticas, organizaciones profesionales médicas... En entrevista ayer a Euskadi Irratia, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, puso en duda, por ejemplo, la presencia de Confebask: «¿A quién representa en esa mesa? Su objetivo es hacer negocio con lo que debería ser un servicio público, esa es la clave, servicios públicos no pueden ponerse al albur de beneficios económicos».

IMPLICACIÓN

El consejero Martínez y el Gobierno de Lakua en general quieren poner en valor tanto el proceso como el grado de acuerdo logrado. «Nos hemos escuchado, hemos debatido, hemos contrastado, hemos discutido y también hemos acordado, sobre todo, hemos aprendido todos, y ese es un logro en sí mismo que tenemos que revertir en la sociedad», elogió.

Despidió estas sesiones con una petición general a los agentes para que participen en el seguimiento de los consensos alcanzados. Viene a ser su respuesta a las apelaciones de EH Bildu y otros interlocutores para mantener abierta esta Mesa, que han resultado infructuosas en este formato, aunque en realidad cabe entender que el diálogo seguirá en la fórmula de «seguimiento» que se determine.

En declaraciones previas a la reunión, Alberto Martínez agradeció su labor a las personas que han participado en los trabajos, con «más de 550 personas especialistas que han colaborado».

Por parte de EH Bildu, Pello Otxandiano consideró sobre el fondo del acuerdo que «llegamos hasta hoy sin haber alcanzado un compromiso claro que garantice la protección de la sanidad pública frente al ánimo de lucro. El Gobierno Vasco, con PNV y PSE, sigue sin definirse de forma inequívoca por cerrar la puerta a la privatización y gobernar con el objetivo de fortalecer el Servicio Público de Salud».

En cuanto al procedimiento, estimó que el Gobierno Pradales «debería corregir ciertas actitudes de cara al futuro. Tener prisa por ponerle un lazo a un supuesto “pacto” que en realidad no lo es, y anteponer el marketing al debate riguroso sobre contenidos y políticas públicas, resulta la antítesis de la gobernanza cooperativa tan necesaria en los tiempos actuales».

Mirando ya al futuro, Otxandiano estimó que «queda mucho trabajo por hacer y mucha tela que cortar», y confirmó el compromiso de EH Bildu «con una Osakidetza pública» y con «avanzar en ese objetivo».