Su aprobación fue en marzo de 2015, de la mano de la mayoría absoluta que ostentaba por aquel entonces el Partido Popular de Mariano Rajoy, pero su entrada en vigor se produjo el 1 de julio de ese mismo año. La Ley de Seguridad Ciudadana fue una respuesta política de la derecha española para contener la ebullición en las calles, derivada especialmente del 15M y el movimiento antidesahucios.

En sus campañas para las generales, Pedro Sánchez prometió derogarla. En las últimas elecciones, reformarla. Al no ser una normativa económica ni que tenga que ver con impuestos, se supone que el eje izquierda-derecha no iba a activarse y que eso haría más fácil la aprobación de las modificaciones de sus aspectos más lesivos, denunciados por centenares de organizaciones de derechos civiles y la propia Comisión Europea. Pero no. Los cambios cuentan con un apoyo transversal de los partidos del bloque de investidura, pero no logran ponerse de acuerdo.

Con ocasión de este décimo aniversario, Amnistía España ha realizado una campaña digital con publicaciones en redes sociales y medios, recordando la fecha y también la necesidad de derogación, que ha contado con el apoyo de 280 organizaciones.

«Hemos hecho una campaña de movilización digital y hemos puesto el foco en el racismo institucional que alberga la ley, sobre todo en dos aspectos: las redadas racistas y las peticiones de identificaciones por motivos raciales», explica a GARA el abogado Carlos Escaño, responsable de campañas de Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

«Las autoridades no reconocen este aspecto de racismo y pueden negar esa realidad porque no hay estadísticas públicas ni formularios de paradas en la calle, no les interesa que se visibilice el racismo con las constantes paradas que sufren las personas que no tengan apariencia de europeos. Además hay un racismo social que provoca la invisibilización de muchas voces, por eso ponemos el foco en que se visibilice ese impacto racista de la ley, además de todos los otros sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta», recalca.

DESMOVILIZACIÓN SOCIAL

Escaño destaca que «las devoluciones en caliente también forman parte de ese racismo amparado por la ley», y recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en contra de esa metodología utilizada contra los migrantes.

«Estamos hablando de cientos de miles de sanciones administrativas a partir de la aplicación de los artículos de la ley sobre desobediencia a la autoridad y falta de respeto, que son criterios de arbitrariedad absoluta. El impacto negativo de la ley es mayor si pensamos en la desmovilización social que provoca al penalizar la protesta», señala.

La normativa acaba en la práctica funcionando como «un aviso a navegantes, un castigo a la sociedad civil que la debilita a la hora de impulsar avances en derechos humanos. Habría que estudiar la correlación existente entre los efectos de la ley y lo difícil que está siendo conseguir avances». Desde AI ponen énfasis en que si se ha logrado «mantener el pulso» sobre la reforma pendiente «ha sido gracias a la sociedad civil».

En octubre del año pasado, hace ya nueve meses, el PSOE y EH Bildu presentaron un acuerdo en el marco de la nueva tramitación, ya que el anterior proyecto fue rechazado por la coalición soberanista vasca y ERC hace dos años, al considerarlo descafeinado. Había cambios que pedían las izquierdas soberanistas y, como suele pasar, con el visto bueno de EH Bildu se sumó el grupo de Gabriel Rufián. Así fue como la nueva reforma superó la votación y fue admitida a trámite el año pasado, con lo que comenzó el proceso de enmiendas.

Pero actualmente, en medio de una fenomenal crisis política del PSOE, la reforma no tiene visos de ser aprobada próximamente. Sumar apoya, pero los tres partidos que presentan dudas son Podemos, PNV y Junts. Al tratarse de una ley orgánica, en este caso sí hacen falta los votos de los escaños de la formación morada. De no serlo, con el sí de los catalanes alcanzaría.

«Nosotros estamos en conversaciones con todos los grupos parlamentarios, hemos visto un nivel de acuerdo bastante amplio, pero todavía falta. Volvemos a dirigirnos a todos por este aniversario y les pedimos que acerquen posiciones. Pensamos que es factible, aunque el resultado no será todo el que nos gustaría», añade Carlos Escaño.

«NO SE PUDO EN ESTE CONTEXTO»

En ese sentido, comenta que le consta que los partidos del Gobierno español tenían la voluntad de «anunciar el acuerdo (por la reforma) antes de este décimo aniversario, pero no lo han hecho público», algo que entiende que se debe a que «no se pudo en este contexto». Lo cierto es que representantes de los partidos soberanistas vascos y catalanes y el BNG mantuvieron una reunión a fines del mes pasado para tratar de acercar posiciones.

El desacuerdo llega hasta en las filtraciones. Algunas fuentes parlamentarias indican que quienes tienen interés en mantener la aprobación de la norma así como está es el PNV (con la mira en la gestión de la Ertzaintza), mientras que otros apuntan a Junts y Podemos. Los tres partidos presentaron enmiendas y piden al Gobierno negociar.

La Ertzaintza ha hecho un uso muy abundante de esta ley desde su origen pese a que el Parlamento de Gasteiz decidió por mayoría no aplicarla ya en 2016. Con datos de hasta 2022 había recurrido a ella 45.000 veces, es decir, una medida de 16 sanciones por día.

Los jeltzales presentaron en diciembre 28 enmiendas y entre ellas está «mantener como graves las sanciones por desobediencia» y «rechazar que las faltas de respeto a la Policía queden sin sanción para quien se disculpe». Por su parte, Junts y los morados exigen que las pelotas de goma dejen de utilizarse inmediatamente, y rechazan el marco temporal para su desuso que implementaría la nueva reforma.

No faltan los diputados que opinan que, en el fondo, es el PSOE, y específicamente el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien no quiere impulsar la reforma de forma definitiva. Son los mismos que opinan con ironía que Sánchez le querrá dar un sprint final a la negociación cuando tenga fecha de salida de la Moncloa, para evitar las consecuencias de los sindicatos de policías y dejarle la nueva normativa al probable Gobierno de las derechas.

Mientras tanto, a la espera que el proyecto deje el cajón, Escaño deja una reflexión final: «Los derechos que podemos disfrutar hoy son gracias a las protestas de ayer, y los que disfrutaremos mañana son gracias a las protestas de hoy. Tener un tejido social debilitado ahora nos llevará a una situación más complicada y a una agenda más reaccionaria. Esto es importante que se entienda».