El Parlamento de Portugal surgido de las elecciones de mayo aprobó ayer un proyecto de ley que aúna la propuesta impulsada por el Gobierno minoritario del derechista Luís Montenegro con otra del partido ultraderechista Chega, que endurece los requisitos para la reagrupación familiar y los permisos de residencia. Todas la izquierda votó en contra. El presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, tiene 20 días para decidir si lo sanciona como ley o lo veta.

Según la nueva reforma, los visados de trabajo solo se concederán a personas que se dediquen a «actividades altamente cualificadas» y las condiciones para el reagrupamiento familiar serán más estrictas, ya que solo se podrá solicitar tras dos años de residencia legal y si se trata de menores de edad o si el demandante tiene un permiso de residencia para «actividades de alta cualificación», además de alojamiento y medios de subsistencia. Se incluye una nueva condición, el aprendizaje de la lengua portuguesa, y de los principios y valores constitucionales.

Respecto a los ciudadanos procedentes de países de lengua portuguesa, el Gobierno quiere que sean titulares de un visado de residencia para tener acceso a la residencia temporal, cuando hasta ahora bastaba con un visado de corta duración o una entrada legal al país. Y se modifican los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa, estableciendo un plazo de siete años para ellos y de diez años para el resto.

Los brasileños, que constituyen el mayor grupo de inmigrantes, ya no se beneficiarán de una norma que les permitía regularizar su situación tras llegar a Portugal.

El Parlamento aprobó también la creación de una nueva división -Unidad Nacional de Extranjería y Fronteras- dentro de la Policía de Seguridad Pública que se encargará de vigilar las fronteras aeroportuarias y atribuir visados en ellas, controlar la permanencia de ciudadanos extranjeros en el país, gestionar los centros de acogidad temporal y ejecutar la expulsión de migrantes en situación irregular.

La tercera parte del paquete legislativo gubernamental sobre política migratoria, que busca restringir las condiciones de acceso a la nacionalidad portuguesa y acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el caso de los hijos de las personas migrantes, será objeto de negociaciones parlamentarias debido a las dudas sobre la legalidad de algunas de sus disposiciones.

El Ejecutivo de Montenegro que asumió el poder en marzo de 2024 ya adoptó poco después una primera medida destinada a restringir las normas para establecerse en Portugal, que bajo el Gobierno del PS eran de las más liberales de Europa. Derogó la disposición vigente desde 2018 que permitía a las personas migrantes solicitar la regularización si llevaban al menos un año trabajando y cotizando a la seguridad social.

Límites a la reagrupación y al asilo en una Europa blindada

En paralelo al auge de la extrema derecha, pedir asilo o tramitar la reagrupación familiar es cada vez más difícil en muchos países europeos, que además están generalizando los controles fronterizos. La adopción de requisitos cada vez más duros para solicitar asilo y la reagrupación familiar se extiende por toda Europa, donde se amplía el periodo de residencia exigido (Estado francés), se suspenden temporalmente esos derechos (Alemania), se intenta retener en terceros países a los migrantes hasta su expulsión (Italia), se confiscan bienes para financiar gastos (Dinamarca), se acoge según cualificación (Suecia)... Además, desde la crisis migratoria en 2015, se han reintroducido los controles fronterizos y se multiplican las devoluciones en caliente en toda Europa, mientras cambia la percepción ciudadana sobre la inmigración donde la extrema derecha es o puede ser la más votada, como el Estado francés, Austria o Gran Bretaña. GARA